La Infanta, imputada

Al hacer explícito su respeto por las decisiones judiciales el Jefe del Estado español recupera parte de su autoridad moral para enderezar el rumbo de nuestro país. La otra parte también es recuperable a partir de esta re-normalización, si exige contundentemente que tanto la corrupción como el fraude fiscal generalizado tampoco tengan cabida para otros ámbitos y que ello, en igualdad ante la ley, sea duramente penalizado.— Miguel Ángel Peña. Madrid.

Parapetado tras el imponente escudo de impunidad que cree proporcionarle la egregia personalidad de su defendida, el abogado de la Infanta Cristina, Jesús María Silva, se permite la soberbia de otorgar la posibilidad de “realizarse como persona” al juez del caso Urdangarín, José Castro, quien pretende (¡cómo osa!) oír las explicaciones de la Infanta en sede judicial. Semejante mofa a la autoridad judicial sólo está al alcance de los vasallos que se saben protegidos por su señor.— Jesús Veigas Rodríguez. Badalona, Barcelona.