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EDITORIAL

Monólogos

Artur Mas mantiene su plan para una consulta legalmente inviable bajo un discurso conciliador

Uno de los pilares de la estrategia de las fuerzas soberanistas catalanas es la internacionalización del conflicto, trasladar más allá de nuestras fronteras que hay un pueblo descontento, que se siente expoliado y que está dispuesto a romper los vínculos que le unen a España, pero por vía democrática y pacífica, es decir, votando. Apelar al principio democrático ha sido hasta ahora uno de los ejes de la argumentación independentista porque sus promotores consideran que es el que más les puede favorecer en el escenario internacional. A ese guion se ciñó también ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su discurso de fin de año.

El presidente utilizó un tono deliberadamente conciliador y hasta amable, tanto en la parte del mensaje dirigida a apaciguar las inquietudes que el proyecto independentista suscita en la propia sociedad catalana, como en la parte explícitamente dirigida al Gobierno de Madrid, al que pidió que deje votar a los catalanes y no los vea como un adversario y mucho menos como un enemigo.

Pero bajo el guante de seda, el discurso mantenía, con la intransigencia de siempre, la exigencia unilateral de celebrar una consulta en 2014 para que Cataluña pueda decidir su destino. “El pueblo catalán prefiere gobernarse a ser gobernado”, proclamó. Justo lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró innegociable en la reciente rueda de prensa celebrada en La Moncloa. El conflicto sigue pues donde estaba, mientras los ciudadanos asisten preocupados a un intercambio de monólogos para cargarse de razones a la espera de que el otro desista. Todo ello sin perder de vista un elemento fundamental: a Rajoy le avala la Constitución frente a la amenaza de una consulta ilegal.

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha visto obligado a reaccionar ante la mella que el bien engrasado aparato de propaganda del independentismo está haciendo en la prensa extranjera, presentando a España como esquilmadora y a su Gobierno como poco democrático por no permitir que los catalanes se expresen en las urnas. Nada menos que 210 páginas tiene el texto que, bajo el título Por una convivencia democrática, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha enviado a todas las embajadas y consulados para que puedan afrontar la cuestión catalana. Uno de sus argumentos subraya que resulta impropio hablar de principio democrático cuando se pretende poner fin de forma unilateral a una convivencia acordada por todos en el marco de una Constitución. Es un argumento de peso, pero compatible con una estrategia más abierta que deje sin argumentos a los separatistas. Rajoy no debe tener miedo de asumir el documento de Exteriores —“juntos ganamos, separados perdemos”— y buscar fórmulas para tratar de desatascar un problema que, precisamente por la falta de diálogo, corre el riesgo de enconarse hasta niveles que podrían resultar irreversibles.

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