El 'toxic tour' de las empresas españolas en el exterior

Esta entrada ha sido escrita por nuestro colaborador Miquel Carrillo (@miquelcarr).

Recogida de residuos tras el vertido de Chevron. Fuente: Salvalaselva.

Hace poco Chevron, la petrolera norteamericana, recibió una condena multimillonaria en Ecuador por los impactos continuados que su actividad había provocado en el medioambiente y en las personas durante décadas. Si han tenido ocasión de hacer el 'toxic tour' por Shushufindi, Lago Agrio o cualquiera de las poblaciones donde esa empresa operó, sabrán de qué les hablo. Existen derrames de crudo que todavía permanecen intactos, mirándonos a la cara y brillando bajo el sol ecuatorial, como cicatrices que se resisten a desaparecer. De hecho, hasta no hace tanto tiempo, las carreteras se 'asfaltaban' con la fracción más pesada del petróleo que quedaba en el fondo de los destiladores flash. Un chapapote que recubría los caminos de una selva que iba perdiendo su nombre a machetazos, y que deja todavía hoy escapar su contenido tóxico con cada chaparrón. La prevalencia del cáncer en esa poblaciones puede duplicar o triplicar la media del país, igual que la tasa de abortos.

El proceso contra Chevron pudo llegar a una corte de Estados Unidos, antes de ser devuelto a Ecuador, gracias a la legislación norteamericana que permite denunciar a las empresas de ese país por impactos ocasionados fuera de él, lo que supuso el espaldarazo definitivo al litigio. Algo parecido ha pasado con la Shell y su siniestro historial en el golfo del río Níger, donde además parece evidente su estrecha alianza con los sucesivos regímenes en la represión de activistas ambientales y por los derechos humanos en general. También la legislación holandesa lo permite.

Las empresas españolas y de muchos otros países 'civilizados' están tranquilas en ese sentido, eso no les puede pasar. No podemos denunciar sus eventuales abusos o los de sus filiales y subcontratas en otros países, ni probablemente podamos hacerlo en el futuro, a pesar de que el Gobierno español prepara un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Como mucho se compromete a estudiar las medidas que podrían tomarse al respecto en el futuro. Algo que quien lee estas líneas sabe que es igual a nada, ya nos conocemos en este país. Después de haber desmontado vergonzosamente el principio de justicia universal, esta no va a ser la ocasión en que enmendemos aquel error. Se va a dejar pasar una buena oportunidad para aportar nuestro grano de arena en la construcción de un sistema internacional que vele por los Derechos Humanos de manera seria, no a golpe de memorias de Responsabilidad Social Corporativa.

A raíz de la aprobación de los Principios Rectores de Naciones Unidas en materia de empresas y Derechos Humanos, la Comisión Europea pidió a España dicho Plan y la adaptación de tales principios a su propio marco legal. Otro día hablamos si quieren sobre qué debería ser un proceso 'participativo': recibir documentos el día antes para posicionarse sobre ellos, no parece que case con el adjetivo de moda. El caso es que la Oficina de Derechos Humanos de Exteriores abrió un proceso de consultas que a la postre no va a recoger la idea de base que las organizaciones de la sociedad civil defendemos. Y todo el mundo sabe, a escala internacional, que sin obligaciones legales, la voluntad es papel mojado cuando hay intereses económicos tan grandes de por medio.

'Aquí son corderitos, pero cuando salen fueran son como cazarrecompensas, se les permite todo por no perder un contrato, aun siendo la misma empresa', me decía un compañero con una larga experiencia dentro de una petrolera española. La internacionalización de la empresa no tiene por qué ser incompatible con mecanismos legales que, por otro lado, sólo penalizan las malas prácticas de una inmensa minoría. ¿O no les gustaría que la Marca España fuera la de los Derechos Humanos? Prueben con una ley, verán que funciona mejor que la publicidad, y no dejemos pasar esta oportunidad.