Indefensos y en silencio

El pasado martes Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón estuvieron en Moncloa siguiendo con las acciones conjuntas ya iniciadas enfebrero de este año. Esteban Beltrán (@_estebanbeltran) firma la segunda de las tres entradas de este monográfico.

Foto:Alberto Senante.

¿Retirar una tarjeta sanitaria a una persona migrante que tiene una situación administrativa irregular es una violación de derechos humanos? ¿Y retirar 873.000? Cuando esta pregunta se la hacen desde el Gobierno, mal vamos. No hay respuesta, porque sigue sin haber evaluación pública del Ejecutivo sobre los efectos que la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) está teniendo especialmente en uno de los colectivos más vulnerables y también más afectado por la crisis.

Amnistía Internacional y diversos organismos de Naciones Unidas, sí ven que medidas como el RDL son regresivas, discriminatorias y contrarias a los estándares internacionales, y que son leyes que erosionan los derechos humanos de las personas. Silvia es uruguaya y vive en España. Desde hace siete años padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), un trastorno pulmonar que disminuye la capacidad respiratoria, es una enfermedad progresiva y no reversible. Antes tenía revisiones cada pocos meses. Ahora depende de la voluntad de los médicos. Dejar sin atención médica a enfermos crónicos, tal y como se recoge en el RDL, entre ellos enfermos de cáncer, diabetes o EPOC, es vulnerar el derecho al acceso a la salud de estas personas.

La respuesta del Gobierno ante esta situación no puede seguir siendo un discurso que asocie inmigración y utilización indebida y abusiva de la sanidad. El Gobierno debe modificar el RDL y garantizar el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación e independientemente de su situación administrativa. Y no debe olvidar que los periodos de dificultades financieras, como el que está viviendo España, no pueden ser una excusa para restringir los derechos de las personas más vulnerables.

Pero la crisis económica y las medidas que se están llevando a cabo por el Ejecutivo también nos activan las alertas sobre otras posibles violaciones de derechos humanos. Desde 2008 se han llevado a cabo más de 400.000 ejecuciones hipotecarias. Y pese a que el Ejecutivo aprobó una Ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios en la que se aplazaba el desahucio por dos años en situaciones de máxima vulnerabilidad, sigue sin abordarse el problema de fondo: la protección del derecho a la vivienda. Hemos pedido al Gobierno que establezca una legislación que prohíba expresamente los desalojos forzosos, tal y como establecen las salvaguardas del Comité DESC de Naciones Unidas, que desaconseja los desalojos cuando las personas afectadas no dispongan de recursos, ni cuenten con una alternativa de vivienda.

Esta crisis es una crisis de derechos. Por un lado, nos encontramos con personas indefensas que no pueden defenderse de violaciones de derechos humanos. Por otro lado, con interpretaciones judiciales sobre estos derechos que no se ajustan a la legislación internacional. Y por último, con noticias aparecidas en medios de comunicación sobre posibles reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del anteproyecto del Código Penal que podrían limitar el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional considera que la protesta social, informada o espontánea, sea en la forma que sea (manifestación, escrache o acampada), siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es libertad de expresión y de reunión. El Gobierno debe recordar que el derecho internacional de los derechos humanos no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público. Y el Estado español tiene la obligación de garantizar este derecho.

El pasado martes los directores de Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón nos reunimos con el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas para presentarle un Decálogo de Medidas frente a la Crisis. Un primer paso que abre un diálogo imprescindible con la sociedad civil para afrontar la crisis sin olvidarnos de los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social. No quiero sentirme indefenso, no quiero estar en silencio. Los derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos sólo en manos de los gobiernos.

Enlaces relacionados:

Sí que hay dineropor Chema Vera director de @oxfamintermon

Artículos publicados en febrero:

http://elpais.com/elpais/2013/02/20/3500_millones/1361340000_136134.html

http://elpais.com/elpais/2013/02/19/3500_millones/1361253240_136125.html

http://elpais.com/elpais/2013/02/21/3500_millones/1361425620_136142.html