Doblemente víctimas

La sentencia española a favor de los afectados de la talidomida ha llegado con un retraso imperdonable. Esta vez, la tardanza no es achacable al sistema judicial, sino a una Administración pública que dio la espalda a las víctimas durante el tardofranquismo y que arrastró los pies durante la democracia hasta que en 2010, casi medio siglo después de los nacimientos de miles de personas con graves deformaciones físicas, fue reconocido oficialmente el problema.

La talidomida es un medicamento de la firma alemana Grünenthal que se empezó a comercializar en 1957 y que las embarazadas utilizaron para evitar las náuseas. Se calcula que a consecuencia de ello unos 50.000 niños nacieron en distintos países con focomelia, un desarrollo anormal de brazos y piernas. De ellos, quedan con vida entre 10.000 y 15.000. Retirado el medicamento en 1962, Grünenthal indemnizó a los afectados alemanes apenas 10 años después.

Los españoles, sin embargo, quedaron fuera de toda reparación por la sistemática negativa de la Administración pública del país a reconocer el daño causado, lo que impidió hasta 2010 no solo que recibieran ayudas públicas (24 de ellos las percibieron, por fin, ese año), sino que pudieran pleitear contra la firma alemana, que se escudaba, además, en la prescripción de los hechos. La sentencia dictada por un juzgado madrileño el pasado miércoles exige a Grünenthal pagar indemnizaciones de entre 660.000 y casi dos millones de euros a otra veintena de afectados españoles y deja la puerta abierta a nuevas compensaciones. Se trata de una victoria histórica de un grupo de ciudadanos determinados a lograr la justicia que siempre se les negó y que tiene la virtud de cerrar un negro capítulo de la historia española marcado por el oscurantismo y la desprotección del ciudadano.

La talidomida marcó un antes y un después en la investigación y la comercialización farmacológica. Todos los países desarrollados del mundo, incluida España, extremaron los controles públicos sobre los medicamentos exigiendo a las compañías largos y rigurosos ensayos antes de su registro y distribución. La seguridad farmacológica española de hoy es similar a la del resto de Europa y Estados Unidos, pero los afectados españoles, con gravísimas minusvalías tanto tiempo ignoradas, han sido víctimas dobles pagando un precio más alto que el resto.