El Parlamento pide que se investiguen las finanzas de Carlos de Inglaterra

No solo empresas como Google o Starbucks hacen ingeniería fiscal para evitar el pago de impuestos. En el caso de los miembros de la corona de Inglaterra, no pagar al fisco puede estar avalado por leyes medievales y, sin embargo, aún en vigor. Es el caso del ducado de Cornualles, propiedad de Carlos de Inglaterra, que a su vez cuenta con los títulos de príncipe de Gales y duque de Cornualles.

Tras analizar las finanzas del ducado, el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha recomendado al ministerio de Hacienda que investigue el capital de esta institución real creada en el año 1337 por  Enrique III para que el heredero de la corona británica tuviera una fuente de ingresos. El Comité, además, recomienda que se revise la actual exención del impuesto sobre sociedades e impuesto sobre capitales del que disfruta el ducado, un área valorada en más de 800 millones de euros y que el pasado año generó unos beneficios de 21 millones de euros. Ese dinero procede de las diferentes transacciones comerciales y los ingresos procedentes de las rentas de las propiedades incluidas en los 500 kilómetros cuadrados (una décima parte de España) que ocupa el ducado, que incluye tierras y casas en Devon, Cornualles, Somerset, Herefordshire y Gales.

Lo único que paga el príncipe Carlos es el impuesto sobre la renta individual generada sobre esas propiedades, que, en su caso, el año pasado ascendió a 4,7 millones de euros. Y ni siquiera es obligatorio: tanto él como su madre, la reina de Inglaterra, estarían exentos de pagar cualquier tipo de impuesto. Sin embargo, ellos tributan al menos el equivalente al IRPF español voluntariamente desde 1993. Y es que una de las ventajas de ser rey de Inglaterra o príncipe heredero desde hace más de siete siglos es disfrutar del placer de vivir sin pagar impuestos. El resto de los miembros de la realeza no tiene tanta suerte como la reina o su heredero y actualmente también le pagan al fisco como los demás ciudadanos.

Tras un exhaustivo análisis de las finanzas del ducado, la laborista Margaret Hodge afirma que la exención fiscal de la que disfruta el príncipe le puede dar una injusta desventaja sobre sus competidores. “Hay una serie de medidas que podrían tomarse para que el ducado, una institución histórica, se adecue a las realidades del presente. El ducado disfruta de la exención fiscal incluso cuando lo que hace es realizar actividades comerciales”, declaró Hodge en una entrevista en la BBC. Según la diputada, todas las transacciones superiores a 600.000 euros deberían ser supervisadas por el ministerio Hacienda por ley, algo que no parece estar ocurriendo. “Los ciudadanos tienen derecho a saber”, ha dicho.

Las palabras de Hodge son el eco de las que se escucharon el pasado julio en el parlamento británico, cuando William Nye, secretario del príncipe Carlos, compareció ante el Comité de Cuentas Públicas. En aquella ocasión se pudo escuchar también la voz del laborista Austin Michell, quien afirmó, no sin razón: “Lo que fue una entidad medieval se ha transformado en un negocio”.

Curiosamente, no solo el ducado defiende su derecho a no pagar. También el ministerio de Hacienda parece estar de acuerdo en que se mantenga el actual régimen fiscal del que disfrutan tanto las propiedades del príncipe como las de la reina Isabel II. En el caso de esta última, se trata por un lado de los millones que genera el ducado de Lancaster, unos 20 millones de euros al año. Y por otro del portfolio de propiedades de la Corona de Inglaterra, valorado en 9.000 millones de euros, que en 2012 generaron 300 millones de beneficios y de los que la reina tiene derecho a llevarse por ley un 15%.