El despelote fiscal

La Comunidad de Madrid anuncia una rebaja de impuestos. Intenta cambiar así el foco de atención, más allá de su aportación a la reducción del déficit público total (que es lo que importa a De Guindos y a Montoro, y por ello hacen esas declaraciones, sorprendidos ante la decisión de Ignacio González). Dado que se aproxima un periodo electoral autonómico se pretende que no se discuta sobre la privatización de la sanidad, o de la del agua a través del Canal de Isabel II (la joya de las atenciones de González), de lo demediado de la educación pública... sino de la rebaja de impuestos. Dentro de la misma, tampoco se han dado explicaciones sobre su distribución por capas sociales: los madrileños, alegres, aumentarán su consumo, y los emprendedores la inversión privada, que son los factores que no tiran en esta recuperación faldicorta que tenemos.

La Comunidad de Madrid será una de las que bajarán los impuestos (otras ya lo están anunciando), mientras el Gobierno central mantiene las subidas de los mismos al menos durante el año 2014, violentando estructuralmente lo que decía el programa electoral con el que el PP ganó las elecciones generales de 2011. Unos suben los impuestos y otros los bajan: y todos los que deciden esta incoherencia pertenecen a la misma formación política.

Mientras ello ocurre, los ingresos fiscales españoles siguen siendo más del 9% inferiores a la media europea, lo que replantea un asunto central: si los problemas de déficit de nuestro país tienen que ver más con los ingresos públicos que con los gastos, y la necesidad de una reforma fiscal que corrija este desequilibrio. Si fuese así, ello iría en contra de la política económica aplicada en estos dos últimos años. Los recortes siguen en los Presupuestos del año 2014.

En ello no hay nada nuevo. Ya ocurría de este modo cuando el PP llegó al Gobierno. El sentido común hubiera indicado que la reforma fiscal —junto con la financiera— debía haber sido la prioridad del Ejecutivo de Rajoy. Sin embargo, se ha dejado para el final de la legislatura, contando que, con seguridad, tendrá efectos electorales. Y en vez de abordarla de frente, se ha encargado su elaboración a un grupo de expertos. En su lugar se aprobó, por un cálculo ideológico (contentar a la base electoral empresarial, mayoritaria entre los votantes del PP) y por el procedimiento de urgencia, una reforma laboral impresentable, cuyos efectos, hasta ahora, han sido los siguientes: incremento del paro; aumento de los contratos temporales (se está acabando con la dualidad del mercado laboral español: ahora todos somos precarios); reducción de los salarios (efecto colateral que no aparecía en la “filosofía” de la reforma), y, sobre todo, un cambio muy significativo del poder en el mundo de la empresa (que es por lo que mayoritariamente la aplauden los empresarios, cuando hacen declaraciones públicas sobre la reforma).

Lo de los impuestos parece no correr prisa, en medio del despelote general.