Tensión innecesaria

Unas cuantas fotos de coches dañados, dos vídeos lejanos y una parodia escolar en YouTube constituyen las “pruebas de cargo” del Gobierno de Gibraltar, que han llevado a Fabián Picardo a denunciar a España ante Naciones Unidas por “incitación al odio”, “invasión” de sus aguas, “disparos contra gibraltareños inocentes” y daños a propiedades. Tamaña desmesura dice mucho sobre la seriedad de quien acude ante la Cuarta Comisión de la ONU para contar una película de terror. El Gobierno español ha protestado ante Londres y la ONU; el británico ha deslizado un elocuente no comment y solo cabe esperar que, si algún gibraltareño ha sido víctima de algún delito o tiene pruebas de otros, acuda a la justicia como cualquier ciudadano.

El problema de fondo sigue siendo el mismo. Gibraltar es un territorio a descolonizar según las Naciones Unidas, que señalan a los Estados español y británico como las únicas partes en esta cuestión. La permanente negativa de Londres a plantearse la soberanía ha conducido a intentos de facilitar la cooperación en problemas concretos. El Gobierno de Zapatero puso sobre la mesa foros de diálogo tripartito entre España, Reino Unido y Gibraltar, que el de Rajoy ha bloqueado porque se niega a reconocer a Gibraltar al mismo nivel que España y Reino Unido. Sin embargo, José Manuel García Margallo, actual ministro de Exteriores, apoya la organización de grupos ad hoc para negociar sobre pesca o medio ambiente. En asunto tan espinoso nunca conviene cambiar de política según el color del Gobierno de turno, como se hace en España respecto al Peñón, y a todos conviene buscar fórmulas de arreglo, conscientes del peligro de mantener el contencioso en manos de la demagogia y de las intimidaciones. Para ello es importante la implicación de la Comisión Europea, cuya intervención puede ayudar al necesario acuerdo Madrid-Londres.

Nadie parece interesado en azuzar los conflictos de vecindad en torno al Peñón, salvo, quizá, el propio Picardo. El ministro principal de Gibraltar sí ha demostrado que tiene un plan: primero decidió romper el acuerdo de pesca vigente desde 1999, después vino la construcción de un arrecife artificial para dificultar la pesca y ahora intenta presentar a España como un Estado agresor, tras el incremento de los controles españoles en la frontera. El Gobierno gibraltareño debe suponer que todo eso le ayuda en la estrategia de pedir que el Peñón deje de ser considerado un territorio a descolonizar, mientras multiplica la tarea de lobby en Estados Unidos para crear un ambiente favorable a su causa de un Gibraltar autodeterminado.

El Gobierno británico hará bien en llamar a la calma al ministro principal del Peñón, para que mida mejor sus pasos. Y el español también debe contribuir a bajar el diapasón: no por acumular declaraciones se va a arreglar antes un contencioso de tres siglos.