La política en los ERE

Existen evidencias sobradas de que una parte de los fondos dedicados por la Junta de Andalucía a financiar los ERE terminaron indebidamente entre las manos de empresas, mediadores y consultores. Es imprescindible, y la juez Alaya lo está haciendo, seguir el rastro del dinero defraudado hasta localizar a todos los que se hayan llevado dinero ilícitamente. Y también hay que dilucidar si, como supone la juez, todo el diseño del procedimiento administrativo ideado para el pago de las ayudas a los ERE facilitó el uso fraudulento del dinero público, sea por acción o por omisión.

No es posible que haya una desviación de más de un centenar de millones de euros (de los 721 millones utilizados para financiar los ERE) sin que ningún alto cargo se enterase. Pero la cuestión previa es si la fórmula montada para pagarlos (“transferencias de financiación”), amparada por normas presupuestarias del Parlamento andaluz, facilitaba la no fiscalización previa de los expedientes de subvenciones; y si orillar los controles constituye un ilícito penal o no.

La juez hizo coincidir ayer en paralelo ambas líneas de investigación. Por una parte ordenó una redada entre presuntos perceptores de sobrecomisiones de los ERE en la que fueron detenidos, entre otros, sindicalistas de CC OO y UGT, que se ven así directamente cuestionados por su intervención. Y al mismo tiempo Alaya tomó declaración a Magdalena Álvarez, que fue titular de la Consejería de Economía y Hacienda cuando se puso en marcha el procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas. Álvarez defendió la legalidad de su actuación y declaró desconocer el uso fraudulento que pudo hacerse desde la Consejería de Empleo, encargada de manejar el fondo de los ERE.

En la investigación de la parte política del caso apenas ha habido avances. La juez Alaya cree que el procedimiento con el que se daban las ayudas era ilegal desde su raíz y que durante una década se alteró el Presupuesto andaluz para proporcionar cobertura a esas ayudas. El Gobierno autónomo ha mantenido siempre la legalidad de un procedimiento amparado por las leyes presupuestarias del Parlamento andaluz.

Alaya, además, ha señalado a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aforados del Tribunal Supremo en su calidad de parlamentarios a Cortes. Pero lo hizo en un auto que recibió las críticas, por su dudosa legalidad, de la fiscalía. La juez debe llegar hasta el final, pero con el rigor necesario para no convertir un caso de corrupción en un departamento de la Junta en una causa general. Su instrucción ya ha dejado elementos preocupantes, como la prescripción de dos de los tres delitos imputados a siete empresarios, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o el hecho de que decenas de personas imputadas en el caso hace más de un año aún no hayan podido declarar.