Juntos por la abolición de la pena de muerte

La justicia que mata no es justicia. Convencidos de la inhumanidad fundamental de la pena de muerte, los países que representamos nos oponemos a que se recurra a ella en cualquier circunstancia y en el mundo entero. La pena de muerte constituye no sólo una falta de respeto insufrible a la dignidad humana, sino que su aplicación va acompañada también de numerosas violaciones de los derechos humanos de la persona condenada y de sus allegados. Además, la pena capital no tiene ningún efecto positivo en la prevención de delitos ni en la seguridad. Tampoco supone ninguna reparación para las víctimas ni para sus familias. Convencidos de todo esto, y con ocasión de la XXIª Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, deseamos recordar nuestra voluntad de comprometernos, juntos, a apoyar firmemente al movimiento por la abolición en Europa y en el mundo entero.

El objetivo de nuestro llamamiento no es dar una lección, sino compartir, además de una convicción , una experiencia. Si la historia de la abolición de la pena de muerte en nuestros respectivos países nos ha enseñado algo, es justamente la dificultad del camino que lleva a ella. La ilegalización de la pena capital no ha surgido de un día para otro. Por el contrario, sólo se ha hecho realidad gracias a una concienciación progresiva y a costa de un esfuerzo colectivo renovado sin cesar.

La determinación necesaria para la lucha abolicionista concierne no sólo a los individuos, sino también a los Estados

En nuestros países, sólo a fuerza de perseverancia y paso a paso ha ido disminuyendo el número de ejecuciones, se ha reducido la lista de delitos penados con la pena capital, la justicia se ha vuelto más transparente, se han introducido moratorias de hecho para las ejecuciones, y, a fin de cuentas, ha desaparecido la pena de muerte. Se trata ahora de superar las mismas etapas en los países que todavía ejecutan en nombre de la justicia.

La determinación necesaria para la lucha abolicionista concierne no sólo a los individuos, sino también a los Estados, y es lo que también deseamos recordar hoy uniendo nuestras voces. No han sido sociedades aisladas ni países separados unos de otros los que han emprendido el camino hacia la abolición. Si la erradicación de la pena de muerte es casi una realidad hoy en día en Europa, este éxito no habría sido posible sin un debate informado sobre el tema e intercambios continuos entre nuestros países y nuestras sociedades.

El Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos han desempeñado el papel de catalizadores en esta dinámica regional contra la pena de muerte, e incluso han permitido llevarla más lejos. La entrada en vigor del Protocolo 13 del mencionado Convenio (Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias) de hace justo diez años es un ejemplo muy bueno. Hoy, representamos a 42 de los 44 Estados que han ratificado el Protocolo 13, e invitamos de todo corazón a todos los Estados miembros del Consejo de Europa que no lo han hecho todavía a unirse a nosotros. Alentamos vivamente al último Estado que todavía aplica la pena de muerte en Europa a unirse a una moratoria universal de la pena de muerte como primera etapa hacia su abolición.

Hoy solo quedan unos 50 Estados que admiten la pena de muerte, mientras que hace veinte años eran el doble

El caso europeo ilustra el papel fundamental de las organizaciones regionales y multilaterales para hacer avanzar la causa abolicionista. La abolición de la pena de muerte en numerosos Estados de América, África y Asia ilustra por su parte la universalidad de este combate. Esto muestra también la necesidad de una señal política fuerte, al igual que una participación en estos esfuerzos de toda la sociedad civil en su conjunto. Con este ánimo tenemos que continuar el impulso del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte en junio de este año en Madrid. Si recordamos hoy estos principios, es porque entramos en una fase crucial de avance progresivo hacia la abolición de la pena de muerte a nivel mundial. Hoy en día no quedan más que unos 50 Estados que admiten la pena de muerte, mientras que hace veinte años eran alrededor del doble. Las resoluciones de las Naciones Unidas lo confirman: la gran mayoría de los Estados apoya la instauración de una moratoria universal para la pena de muerte. Esta tendencia positiva nos anima a imaginar a las próximas generaciones viviendo en un mundo sin pena de muerte y a redoblar nuestros esfuerzos para apoyar juntos a los Estados en el camino hacia su abolición universal.

Firman este artículo junto a José Manuel García-Margallo, [PIEPAG]ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, [/PIEPAG]los siguientes ministros de Asuntos Exteriores: Ditmir Bushati (Albania), Gilbert Saboya Sunyé (Andorra), Michael Spindelegger (Austria), Didier Reynders (Bélgica), Zlatko Lagumdžija (Bosnia y Herzegovina), Kristian Vigenin (Bulgaria), Vesna Pusic (Croacia), Ioannis Kasoulides (Chipre), Jan Kohout (República Checa), Villy Søvndal (Dinamarca), Urmas Paet (Estonia), Erkki Tuomioja (Finlandia), Laurent Fabius (Francia), Nikola Poposki (ARYM Macedonia), Guido Westerwelle (Alemania), Evangelos Venizelos (Grecia), János Martonyi (Hungría), Gunnar Bragi Sveinsson (Islandia), Eamon Gilmore (Irlanda), Emma Bonino (Italia), Edgars Rinkevics (Letonia), Aurelia Frick (Liechtenstein), Linas Antanas Linkevicius (Lituania), Jean Asselborn (Luxemburgo), George Vella (Malta), Natalia Gherman (Moldavia), José Badia (Mónaco), Igor Lukšic (Montenegro), Frans Timmermans (Países Bajos), Espen Barth Eide (Noruega), Rui Machete (Portugal), Titus Corlatean (Rumanía), Pasquale Valentini (San Marino), Ivan Mrkic (Serbia), Miroslav Lajcák (Eslovaquia), Karl Erjavec (Eslovenia), Carl Bildt (Suecia), Didier Burkhalter (Suiza), Ahmet Davutoglu (Turquía), Leonid Kozhara (Ucrania) y William Hague (Reino Unido).