¿Quién defiende tu hogar?

Esta entrada ha sido escrita apor nuestro colaborador habitual Miquel Carrillo (@MiquelCarr).

El viernes pasado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, nos hablaba en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) sobre un hecho que debería preocuparnos mucho: “Esta crisis ha venido a demostrarnos que no todos los derechos tienen el mismo rango, y que, pese a estar recogidos en la Constitución, algunos como el de la vivienda no son reconocidos como fundamentales”. En pocas palabras, lo que venía a decir es que ningún tribunal defenderá en España nuestro derecho a la vivienda, como nuestro derecho a la salud, mientras no cambiemos el status quo.

Eso lo decía en el marco de la inauguración de una iniciativa que, la misma semana en que se celebra el Día Mundial del Hábitat, trae a diferentes municipios catalanes a un grupo de defensores de derechos humanosque lucha por el medio ambiente, la libertad de expresión o el respeto a la infancia en Perú, Bosnia o Liberia. Y lo decía para hacernos ver que la conquista y defensa de nuestros derechos no es una labor exótica y propia de países remotos, en manos de superhéroes predestinados a luchas contra el lado oscuro de la fuerza. Fueron las circunstancias, el contacto con el rodillo de una injusticia que perpetran contra ellos, contra nosotros, lo que hizo actuar a esas personas absolutamente anónimas y normales contra esos atropellos.

Este ha sido el año de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Muchas personas, vecinos y vecinas nuestras, se vieron arrollados por un sistema que los expulsaba de sus hogares, en cumplimiento de la más estricta y absurda legalidad. De repente nos dimos cuenta que la vivienda era un derecho de segunda, un brindis al sol, un párrafo de relleno en la sacrosanta Constitución, y que mucha gente se veía en la necesidad de pelear por su vivienda como hacía años que no se peleaba en este país. Eso hirió muchas sensibilidades en una sociedad cada vez más desigual, por no hablar de la estrategia de criminalización que desencadenó como respuesta desde el establishment. Se llegó a cuestionar el derecho de manifestación y a tildar de violento al movimiento, una argucia de manual que conocen de sobra los defensores de DDHH de otras latitudes.

Por fin, se aprobó una ley que no avanzaba en nada en la protección de tal derecho. En honor a la verdad, salvando la honrosa excepción de Andalucía, en el Estado no se ha legislado nunca con ese objetivo. El fallido Ministerio de la Vivienda del anterior gobierno desapareció en el peor momento de la oleada de desahucios (100.000 solo en el año 2010), dejando atrás fracasos como la Sociedad Pública de Alquileres, polémicas como los minipisos y la sensación de que la industria inmobiliaria era la única que ganaba con sus iniciativas.

Ahí está el quid de la cuestión, seguramente. Las personas nunca han estado en este país en el centro de las políticas de vivienda, suponiendo que hayan existido. Y las políticas nunca han tenido que cumplir con un derecho fundamental, lo que ha permitido mercantilizar hasta extremos insospechados algo que debería situarse en la esfera de los bienes comunes. Recientemente, la PAH recogió el premio del Parlamento Europeo al Ciudadano Europeo 2013 por su "labor en la defensa de los derechos humanos y los valores europeos en un ámbito europeo y transnacional", no sin la inusitada oposición de los lobbies de la construcción y sus representantes políticos en Bruselas. En marzo el Tribunal de Justicia de la UE consideró que la normativa hipotecaria española violaba los derechos fundamentales, aunque a pesar de ello siguieron los desahucios. Quizás tenga que volver a ser Europa la que delimite el cumplimiento de unos mínimos en relación a un derecho básico como el de la vivienda, algo a exigir en las próximas elecciones europeas.

Pero, como decía Esteban Beltrán, al final los defensores de todos los derechos humanos vamos a seguir siendo las personas, no los Estados. Usted, usted y usted.