Órdago en Atenas

El arresto por las autoridades griegas de la plana mayor de Aurora Dorada, impulsado por el asesinato el mes pasado de un rapero antifascista a manos de un presunto miembro del grupo neonazi, otorga un respiro al frágil Gobierno de coalición de Antonis Samarás, acusado de indulgente con la violencia de la extrema derecha. Pero será poco más que eso si los jueces no establecen inequívocamente el carácter criminal de la formación política, crecida exponencialmente al amparo de los efectos sociales más perniciosos de la formidable crisis griega.

Está fuera de toda duda la necesidad de poner coto a uno de los grupos más violentos de Europa, al que el sumario de la fiscalía acusa de funcionar con principios parecidos a los del partido nazi, incluyendo un brazo paramilitar. Ni el discurso ni los métodos de Aurora Dorada, que desde su nacimiento a finales de los ochenta se ha caracterizado por aterrorizar a los inmigrantes y utilizar una descarnada xenofobia como arma electoral, tienen encaje en un marco político democrático. Pese a ello, su apoyo en las encuestas ha llegado al 15% en los últimos meses.

El asalto frontal contra el partido, declarado organización criminal por el Gobierno de Atenas, no está exento, sin embargo, de riesgos para el primer ministro Samarás. Uno de ellos es la necesidad de hacer luz, con todas sus consecuencias, sobre la posible connivencia entre la policía y la extrema derecha, algo no excepcional en Grecia desde la II Guerra Mundial. Samarás, defensor a ultranza de la profesionalidad de la policía, se ha visto forzado por la presión de la calle a abrir una investigación sin contemplaciones, iniciada con la destitución previa de media docena de altos cargos.

De mayor alcance es el órdago que representa la detención del jefe de un partido parlamentario y numerosos diputados. Aurora Dorada, tercera fuerza más popular de Grecia, ha pasado del 0,3% de los votos en 2009 al 7% con que llegó al Legislativo el año pasado. Esos arrestos, por su excepcionalidad —hay que remontarse a la caída de la junta militar en 1974—, exigirán pruebas contundentes ante los tribunales sobre el carácter conspirativo de la formación. Y acarrean la posibilidad añadida, si se cumpliera la amenaza de retirada parlamentaria, de forzar unas elecciones parciales que el inestable Gobierno griego, sobre el que planea un tercer rescate económico, no parece en condiciones de afrontar.