Procedimiento confuso

Al cabo de tres años de iniciado el procedimiento por los ERE fraudulentos en Andalucía, la juez Mercedes Alaya dicta un auto para que siete ex altos cargos, aludidos reiteradamente en los medios de comunicación como implicados, puedan “personarse en la causa”. Lo hace comunicándoles su calidad de imputados a tenor de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 118 bis, que ella misma califica de “confuso”, en vez de seguir el camino marcado por la Constitución y la jurisprudencia, que es el de enviar la causa al tribunal que corresponde a su fuero como parlamentarios. Dos de ellos están aforados en el Supremo, Manuel Chaves y José Antonio Viera, puesto que son diputados a Cortes, y José Antonio Griñán adquirirá esa condición tan pronto como la Cámara andaluza le elija senador.

En su día, el diputado socialista José Blanco y el senador popular Luis Bárcenas aceptaron declarar voluntariamente ante el Supremo, una vez que este tribunal se hizo cargo de las causas instruidas por otros jueces. Lo insólito es que se pretenda que los aforados se personen en una causa que la instructora retiene en sus manos, pero en la que no puede inculparles de nada. No se entiende qué necesidad tiene de usar un procedimiento “confuso”, cuando existe otro más claro. Se comprenden las dudas de la Fiscalía Anticorrupción sobre si el auto de ayer se ajusta o no a derecho.

Los efectos jurídicos de la decisión son prácticamente nulos. En cambio, sus efectos políticos y mediáticos resultan evidentes. La rapidez con que el PSOE andaluz ha retirado del Gobierno autónomo a todo posible implicado en los ERE fraudulentos tiene como objetivo que el equipo de Susana Díaz eche a andar libre de sospechas. No porque haya implicados entre sus miembros, sino por la dificultad de separar su imagen de la de un partido cuyos máximos dirigentes anteriores se ven aludidos como implicados, aunque sea sin más precisiones que la aparición de “cierta carga incriminatoria” —Alaya dixit— respecto a prevaricación y malversación.

Necesitamos luces, y no nuevas sombras. Los procedimientos de la juez Alaya dilatan la tramitación de la causa y retrasan los pasos necesarios para determinar quiénes son los responsables de las irregularidades cometidas. No tiene sentido que el caso de los ERE se transforme en el caso Alaya.