Las verdaderas razones de las protestas en Colombia

Esta entrada ha sido escrita por Alejandro Matosdesde Colombia.

El domingo 25 de agosto el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo en una alocución pública: “El tal paro nacional no existe”. De ahí en adelante todos supimos que lo que había sido un paro rural localizado en unos cuantos departamentos de Colombia, se iba a generalizar en todo el país. Las palabras del presidente ofendían a una parte importante de la población y para el colombiano de a pie pocas cosas son más graves que el escarnio verbal. No es casualidad que sean los más alabados en el uso del castellano.

Días antes, el 8 de agosto, la Mesa Nacional de Interlocución Agraria (MIA) había enviado al gobierno un pliego de peticiones en el que solicitaba la subvención de precios para ciertos productos, la rebaja de insumos agrícolas como los fertilizantes, el acceso a la propiedad de la tierra para los pequeños productores, las mejoras en salud y acceso al agua potable en las zonas agrícolas, etc. Como es habitual, el gobierno no se molestó en responder. Entonces el paro fue convocado para el 19 de agosto por la MIA.

La razón principal de este paro es la pobreza estructural del campo colombiano, que, en lugar de disminuir, aumentó entre 2011 y 2012. Esta pobreza estructural se muestra especialmente en la brecha entre el campo y la ciudad. Según datos oficiales del Gobierno, entre 2002 y 2012 esta diferencia no ha hecho sino aumentar, en detrimento del mundo rural. El resultado es que en 2012 el 47% de la población rural colombiana vivía en la pobreza y el 23% en la pobreza extrema. Es decir, siete de cada diez colombianos del mundo rural viven en condiciones de indignidad humana.

Es muy preocupante, por no decir políticamente bipolar, que bien entrado el siglo XXI los pobladores del campo colombiano estén pidiendo servicios básicos como la educación, el agua, la vivienda, caminos para sacar sus productos… mientras que sus gobernantes urbanos pretenden entrar a formar parte del club de países ricos de la OCDE y se afanan por enviar ayuda humanitaria a Haití o Sudán.

Esta pobreza estructural del campo ha sido alimentada por el empeño de los sucesivos gobiernos colombianos en firmar tratados de libre comercio. Colombia acaba de firmar un tratado con la Unión Europea, que gasta el 35% de su presupuesto comunitario en una Política Agraria Común destinada en gran medida a subsidiar a los agricultores franceses, españoles o alemanes. Estados Unidos, con quien también se ha firmado tratado, hace otro tanto. En Colombia, la MIA pide que se comiencen a subsidiar los productos nacionales, que hoy están a merced de la sobrevaloración del peso colombiano y de unos créditos del Banco Agrario que no entienden de pérdidas por frío, sequías o competencia desleal extranjera. Que el modelo de desarrollo agrario colombiano no funciona desde hace 25 años es reconocido desde todos los ámbitos y por ello el arzobispo de Tunja llegó a afirmar que la importación de alimentos era traición a la patria.

Estas son algunas de las razones por las que la población agropecuaria de Colombia se manifiesta, protesta y exige cambios radicales. Y por eso a esa lucha se han unido con sus propias reivindicaciones los estudiantes, los educadores o los transportistas. Ante la fuerza que adquirió la protesta social, el 30 de agosto la respuesta del presidente Santos fue reconocer la legitimidad de las propuestas campesinas y militarizar Bogotá y las vías del país con más de 50.000 efectivos, un modo de reconocer que el asunto se le había ido de las manos. Ojalá vuelva a recuperar el mando de la situación con reformas estructurales en el agro colombiano que generen vida digna, justicia social y desarrollo sostenible para las colombianas y colombianos que lo habitan.

En medio de esta complicada coyuntura, no es de extrañar que grupos como las guerrillas o los uribistas intenten pescar en río revuelto. Es cierto que unos desde la calle a golpe de piedras y otros desde los micrófonos a golpe de exabruptos hayan intentado aprovechar la lucha de los campesinos y campesinas para hacer valer su visión del país a través de la violencia, como siempre lo han hecho. Pero son una minoría y no son la voz de la lucha campesina ni de la mayoría de la población que los apoya. Son muchos los ejemplos en medio de las manifestaciones en los que los campesinos, los estudiantes o los educadores se han interpuesto entre los antidisturbios de la policía y los grupos de violentos. Pero eso no sale en los medios. Tampoco las razones de fondo de las reivindicaciones de la lucha campesina.