Las petroleras regresan a la Amazonía ecuatoriana

Escrita por Eduardo Gudynas (@EGudynas) de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Los indios waorani habitan la reserva de Yasuní en la región amazónica de Ecuador. /DOLORES OCHOA (EFE)

Pocos días atrás, el presidente de Ecuador, Rafael Correa canceló el ambicioso programa de moratoria petrolera en el Parque Yasuní, un área protegida en un remoto rincón de la Amazonia.

En sus inicios, se buscó impedir la explotación petrolera tanto en el parque Yasuní como en los bloques petroleros adyacentes, conocidos por la sigla ITT. El objetivo era evitar los seguros impactos sobre la biodiversidad amazónica y sobre los indígenas Huaorani de los grupos Tagaeri, Taromenane y Oñamenane, que habitan esa región.

La formulación gubernamental, lanzada en 2007, tuvo sus avances y retrocesos, sufrió cambios, y terminó decantando en un mecanismo por el cual se comprometía a mantener el crudo bajo tierra si se completaba un fondo internacional de unos 3 600 millones de dólares, que equivalían a la mitad de lo que Ecuador dejaría de recibir si exportaba ese petróleo.

Era una propuesta muy discutible, pero sin duda ya representaba un gran avance frente a la somnolencia que despiertan las tímidas medidas ambientales actuales. Era además un intento concreto para un primer ejemplo mundial de estrategia postpetrolera, una necesidad que muchos reconocen pero que nadie se anima a encarar. Era también una iniciativa que atendía los derechos de la Naturaleza, una de las innovaciones de la nueva Constitución ecuatoriana.

Todos esos esfuerzos se derrumbaron cuando el gobierno Correa anunció que pasaba a su “plan B”, liberando la explotación petrolera en la zona Yasuní-ITT. El hecho es muy grave por varias razones. Se pierde el primer ensayo de una estrategia postpetrolera. Fatalmente se padecerán los típicos daños de la explotación petrolera, desde la apertura de caminos en la selva a los derrames de crudo que contaminan el suelo y las aguas. Los pueblos indígenas que allí residen también sufrirán impactos, seguramente con las mismas cuotas de conflictos y violencia a las observadas en otras localidades amazónicas.

Pero es todavía más grave por la forma en que Correa realizó el anuncio. En efecto, el presidente responsabilizó a la comunidad internacional por no haberle donado el dinero suficiente, volvió a criticar a los ambientalistas, sostuvo que los derechos constitucionales de la Naturaleza son “supuestos derechos”, y pasó a defender el petróleo como necesario para superar la pobreza. Una y otra vez se enumeraron los problemas sociales del país, y prácticamente se le decía a la ciudadanía que la única manera de resolverlos era extrayendo el petróleo amazónico. Claro, la tentación financiera es enorme: Correa dijo que espera ganar más de 18 mil millones de dólares.

Bajo un marco simplista, oponiendo miseria y Naturaleza, parecería que aquellos que reclaman preservar ese rincón amazónico son minorías desalmadas, insensibles frente a la pobreza, porque ya tienen la “panza llena”, como acostumbra decir el presidente.

Esta misma postura se repite en casi toda América Latina, en unos casos defendida por derecha, por ejemplo en Colombia o Chile, y en otros desde la izquierda, como son los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Las mayores contradicciones la sufren estos gobiernos progresistas, ya que repiten dichos empresariales, donde la minería y el petróleo servirán para crear empleo y reducir la pobreza. Es también la misma idea que defiende el Banco Mundial, el que señala que su misión es promover que los sectores extractivos “contribuyan al alivio de la pobreza y el crecimiento económico” por medio de la gobernanza y la sustentabilidad. No son posturas nuevas, sino que resucitan las primeras reacciones latinoamericanas de rechazo a las urgencias ambientales de la década de 1970, promovidas entonces por el gobierno militar brasileño.

A diferencia de las teorías económicas ortodoxas, en el mundo real la explotación petrolera no genera automáticamente alivio de la pobreza, sino que, salvo algunas excepciones, implica todavía más problemas sociales, primarización de las economías, dependencia de los mercados globales, y gobiernos rentistas. Las organizaciones ciudadanas han demostrado esto en decenas de países, desde Nigeria a Venezuela.

La decisión de Correa también deja en entredicho a los derechos de la Naturaleza, y ubica a las políticas ambientales ecuatorianas en un nivel tan bajo, que cualquier gobierno vecino podrá explotar hidrocarburos en sus territorios amazónicos, y decir que es tan de izquierda y tan ecologista, como Correa.

La decisión gubernamental rápidamente desencadenó rechazos desde varios sectores ciudadanos y reacciones internacionales. El presidente Correa ha desafiado a esos críticos a que no fueran vagos y recolectaran firmas para llamar a una consulta ciudadana. Ese desafío fue aceptado, y se están dando los primeros pasos en ese sentido. El pasado 22 de agosto, un conglomerado de organizaciones indígenas, ambientalistas y sociales, acordaron someter a la Corte Constitucional la pregunta que desean sea presentada en un referéndum nacional: ¿Está usted de acuerdo que el gobierno mantenga el crudo del bloque ITT indefinidamente bajo el subsuelo? Si la Corte acepta esa formulación, comenzará un largo proceso de recolección de firmas, y si éstas alcanzan el 5% del padrón electoral, se llamará a una consulta nacional. El problema es que muchos de los más interesados en poder votar en esa consulta, porque en ella se juega su destino, no podrán hacerlo. Son las plantas y animales del Yasuní.