Imputación sin fundamento

Casi dos años de indagaciones judiciales sobre el diputado y exministro José Blanco han terminado penalmente en nada, pero han afectado a la carrera política de quien fue número dos del PSOE en la época de liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero. Blanco se considera víctima de un infundio político y de una cacería mediática, basada en sospechas de cohecho y de tráfico de influencias sin consistencia penal.

Lo sucedido al exministro de Fomento y exportavoz del Gobierno plantea cuál debe ser el criterio válido para valorar correctamente lo que debe entenderse por una imputación. Los casos que conocemos permiten afirmar que puede significar tanto una sólida acusación como un simple apunte de meros indicios que la investigación desvanece. Muchas veces demasiado tarde, como ha puesto de relieve el caso de José Blanco. Otro juez instructor atribuyó la condición de imputada a la infanta Cristina y poco después un tribunal superior lo echó abajo porque no había razones. Los vaivenes pueden dar la falsa impresión de responder a razones no jurídicas.

El exlíder socialista Felipe González sugirió ayer la introducción en España del concepto francés del “testigo asistido”, como forma de precisar la situación de personas a las que la justicia desea interrogar y contra las que no hay acusaciones. Sea por ese camino o por otros, hay que ocuparse de que la sociedad pueda fiarse de que cuando la justicia dice que alguien está imputado, eso se debe a motivos realmente sólidos. El propio Blanco se ha autocriticado porque, en su época de poder, también él puso en duda la presunción de inocencia de otras personas.

El caso suscita otra reflexión: ¿es realmente necesario emplear tanto tiempo para llegar a conclusiones? Casi dos años dedicados a los supuestos delitos de Blanco, que han resultado inexistentes; casi tres años invertidos en el caso de los ERE de Andalucía, algo más de cuatro en el caso Gürtel, son otros tantos ejemplos de lentitud que, mientras se desarrollan, atrapan el honor, la fama y los recursos de las personas. La justicia necesita no solo de medios, sino de menos complicaciones procesales.