Jugar con los fueros
Muchos cargos electos tienen derecho a enjuiciamiento ante un tribunal concreto. Esto les permite manejar ciertas cartas
El presunto delincuente Luis Bárcenas fue un senador con derecho a fuero hasta hace tres años. Eso explica alguna de las complicadas razones por las que la causa judicial va tan lenta. Muchas de las personas elegidas en las urnas forman parte del grupo de españoles con derecho a ser enjuiciados ante un tribunal concreto. Los aforados lo saben bien; sus abogados, no digamos, y esto les permite jugar con ciertas cartas.
El caso Gürtel es el arquetipo de un sumario condicionado por los aforados. Un tiovivo que empezó en la Audiencia Nacional en 2008 y trascendió en febrero de 2009, con Baltasar Garzón de instructor. La causa dio un brinco al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al aparecer tres parlamentarios autonómicos entre los 40 sospechosos iniciales. Aunque Esperanza Aguirre les echó del grupo del PP, ellos se quedaron como diputados no adscritos, de modo que no perdieron el fuero. Un pedazo de la causa marchó a Valencia. Otros presuntos implicados resultaron ser parlamentarios con derecho a fuero del Tribunal Supremo, siendo Bárcenas uno de ellos. Y lo que había empezado como una causa quedó troceada entre diversos tribunales.
Cuando la instrucción recobraba ritmo, Bárcenas renunció al escaño de senador (abril de 2010) y, por tanto, perdió el fuero del Supremo. Otro parón: ¿quién debía ser su juez? Al final, su caso volvió al Tribunal Superior de Madrid, donde las circunstancias habían convertido al magistrado Antonio Pedreira en el instructor de una enorme trama de corrupción. A principios de 2011, dos años después de iniciada la causa, José Antonio Hernández describía así en EL PAÍS los 40 metros cuadrados del despacho del juez, compartidos con dos magistrados dedicados a otros asuntos: “Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses...”. La causa investigada en Madrid contaba entonces con 60 imputados, y el instructor había impuesto un total de casi 200 millones de euros en fianzas, pero no disponía ni de un magistrado de apoyo.
El riesgo de dejar pudrir los problemas es que la pestilencia lo invada todo en el momento más inoportuno
Mientras el monstruo crecía, el calendario electoral de 2011 se echaba encima. Los tres diputados autonómicos de Madrid encausados dejaron repentinamente sus escaños, un mes antes de la campaña para la reelección de Esperanza Aguirre. Se perdía así la razón principal de que Pedreira conservara la causa en su atestado puesto de trabajo. Pero ahí aguantó casi todo 2011, en medio de discusiones jurídicas sobre si había que devolverla a la Audiencia Nacional o mandarla a un juzgado ordinario. Tanto tiempo duró el juego de formalidades, que al atribulado Pedreira le dio tiempo de desimputar a Bárcenas pocas semanas antes de las elecciones generales que dieron la mayoría absoluta al PP.
A principios de 2012, la causa había desembocado otra vez en la Audiencia Nacional. Ya no estaba Garzón, empitonado por sus pares —entre otras cosas, por haber autorizado escuchas en locutorios carcelarios entre imputados de Gürtel y abogados—. Bárcenas habría podido disfrutar sin trabas de la libertad, de la fortuna oculta al fisco español y del salario diferido del PP, si la Fiscalía Anticorrupción no hubiera insistido en recurrir contra la desimputación. Su asunto recaló en el juzgado de Pablo Ruz, que encontró la causa Gürtel con 50.000 folios en 671 tomos. Hay que ver lo que debe ser enfrentarse de nuevas a tamaño toro, y más si has de hacerlo compatible con la llevanza de otros asuntos.
Muchos meses después llegaron las primeras certezas desde Suiza sobre los millones de Bárcenas. Empezaron a publicarse los apuntes de la presunta contabilidad B del PP. Y después de tantos años de avances, parones y retrocesos, el caso Bárcenas estalla cuando más daño político puede hacerle al presidente del Gobierno. El riesgo de dejar pudrir los problemas es que la pestilencia termine invadiéndolo todo.
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