Los rectores, ¿lo son de universidad?

Leo con asombro que los rectores exigen al ministerio que solo pese la renta para obtener una beca (EL PAÍS, 26 de junio). Este es un tema muy polémico, donde evidentemente se dan todo tipo de opiniones y ni siquiera el respaldo al ministro ha sido unánime en su partido y menos entre los Gobiernos de las comunidades autónomas, que son las que gestionan la política educativa y, por tanto, la universitaria.

Pero me llama la atención que los rectores así, en función de su responsabilidad académica institucional (y no en su opinión como ciudadanos comunes) reclamen que solo prevalezcan criterios económicos. Si los máximos responsables de la educación, que debería ser de excelencia, orillan cualquier criterio académico, de cultura, de rendimiento, de rentabilidad social... ¿qué podemos pensar de cómo dirigen los centros educativos? Comprendemos entonces que el nivel universitario español no destaque, que no haya centros de excelencia, incluso que haya tanto paro, porque los criterios académicos no se sabe dónde han quedado y no se ha cumplido la misión de formar profesionales idóneos y competitivos.

No sé cuál es la mejor solución al problema de las becas. Pero me aterra que los rectores universitarios excluyan cualquier criterio académico para invertir en educación el dinero público. Siempre exigimos que el dinero que invertimos ofrezca como resultado algo que funcione; y para el dinero público en educación, ¿no vamos a exigir resultados “educativos”?

Está por ver cómo quedará finalmente el tema, pero me gustaría ver a los rectores de universidades españolas partiéndose la cara por mejorar el nivel de exigencia y de resultados académicos; y por que los criterios de calidad educativa estén presentes en todos los niveles —docente, discente, laboral— de la institución.

También habrá que estudiar cómo se exige ese rendimiento a los universitarios sin beca, pero que de facto, en la universidad pública se encuentran con que los ciudadanos pagamos la mayor parte del coste de su formación, pues las tasas que pagan apenas cubren el 30%.— José María Román. Director general de FUNCIVA.