Consenso político

La posibilidad de que se llegue a algún tipo de acuerdo político para enfrentar las consecuencias de la crisis ha cobrado un interés inusitado en el último mes por varios motivos. Primero, por la gravedad de la crisis que deja en el paro a seis millones de personas, agranda la brecha de la desigualdad y genera más pobreza. Segundo, porque bastantes de las medidas aplicadas para enfrentar la crisis ocasionan conflictos importantes entre la población por los efectos negativos que provocan. Tercero, porque algunas de las medidas aplicadas o en proyecto tienen efectos estructurales y a largo plazo (pensiones, educación, administración local, estructura del Estado) y conviene que gocen de un respaldo amplio para su pervivencia y estabilidad, independientemente de que la mayoría absoluta del Partido Popular le permita aplicar sus políticas sin necesidad de llegar a acuerdos con otros grupos.

En este escenario, para amplios sectores de la población (un 86% según los datos de Metroscopia de enero de 2013, sin diferencia entre los votantes de los dos grandes partidos) sería conveniente un acuerdo amplio al estilo de los Pactos de la Moncloa. Incluso desde la reciente convención de los populares valencianos se ha avanzado la idea de un acuerdo con colectivos de la sociedad civil para la sostenibilidad del Estado de bienestar. Recientemente, Felipe González y Miquel Roca han vuelto a insistir en la necesidad del diálogo y el acuerdo sobre temas fundamentales que afectan a la gobernabilidad del país.

Cada partido presenta su proyecto en las elecciones  y lo normal es que aspire a gobernar sin tener que pactar

La pregunta inevitable la formuló José Pablo Ferrándiz el 11 de mayo en estas páginas y probablemente se la hagan muchos ciudadanos/as: ¿nuestros representantes políticos en el congreso son capaces de llegar a acuerdos, especialmente teniendo en cuenta que el PP no los necesita para gobernar? La democracia implica que diferentes partidos compiten por el voto ciudadano con el objetivo de poner en práctica sus programas de gobierno a través de políticas públicas. Cada partido presenta ideas más o menos diferentes en las elecciones (todavía existen propuestas más conservadoras y más progresistas) y lo normal es que aspiren a gobernar sin tener que pactar con otras formaciones a no ser que la aritmética parlamentaria les obligue a contar con los rivales. Sin embargo, ante una situación de emergencia, surgen voces que piden consensos políticos que, inevitablemente, puede desnaturalizar las propuestas electorales de los partidos.

La historia reciente de este país muestra que han existido acuerdos amplios como los de la Moncloa o el Pacto de Toledo. Pero persiste una percepción de la política como una arena de conflicto en la que los actores principales (los partidos o sus líderes) andan a la greña. En esas circunstancias, la posibilidad de alcanzar acuerdos puede parecer mínima. ¿Se corresponde esta visión con la realidad?

La respuesta es negativa según los datos de que se disponen. Un estudio de Mújica y Sánchez-Cuenca de 2006 muestra que los dos grandes partidos votan juntos en el 70% de los casos en que se tienen que votar leyes orgánicas en el Congreso. Es decir, PP y PSOE suelen alcanzar acuerdos, aunque muchas veces dejan al margen a otras fuerzas políticas y, por lo tanto, a las perspectivas y aspiraciones de una parte de la sociedad.

Ciertamente, las leyes orgánicas son importantes, pero son una pequeña parte de la actividad legislativa. A falta de la ampliación de este análisis a leyes ordinarias del congreso, disponemos de los datos que hacen referencia a las leyes que se han aprobado en las autonomías entre 1980 y 2007, que es una buena muestra de lo que hacen nuestros políticos a la hora de votar y un indicador de su capacidad de generar acuerdos y consensos. (Por cierto, estos datos han sido generados gracias a las ayudas del ministerio al I+D+i tan reducidas en estos tiempos). De las casi 4.700 leyes aprobadas por los parlamentos autonómicos, casi la mitad (48%) han sido votadas a la totalidad y el resto al articulado. Entre las primeras, un 64% han sido aprobadas sin que ningún diputado de ningún grupo político de las cámaras emitiera un solo voto en contra. Entre las segundas, un 20% se han aprobado sin ningún voto negativo a ningún artículo de la ley.

Un estudio muestra que PP y PSOE han votado juntos el 70% de las leyes orgánicas

En conclusión, entre 1980 y 2007, sus señorías han aprobado el 41% de las leyes sin votar en contra a ni un solo artículo. Es decir, en la práctica democrática diaria, nuestros políticos sí son capaces de alcanzar acuerdos para aprobar leyes de mayor o menor relevancia; sí pueden generar consensos (no sólo acuerdos entre dos) ya que, aunque parezca que están a la greña, en las comisiones y en los plenos parlamentarios negocian e incorporan con frecuencia los puntos de vista de los rivales para aprobar leyes que, en su mayor parte, promueve o el ejecutivo o el grupo parlamentario que lo sustenta. De eso trata la política. Otra cuestión es por qué persiste esta imagen de conflicto continuo a la que no son ajenos ni la lógica electoral ni los medios de comunicación (Daniel Innerarity ofrece una explicación brillante en estas páginas el 19 de octubre de 2012).

Los datos indican que el consenso es más frecuente de lo que podríamos pensar, aunque la forma de medida introduce algunas variaciones en su magnitud. Si tomamos todas las leyes (incluyendo las que se votan artículo a artículo o en bloques de ellos), los parlamentos donde más consenso parece generarse son los de Canarias y Cataluña, donde ha habido mayorías absolutas, gobiernos de coalición y partidos gobernando que no son el PP ni el PSOE. Galicia y Baleares registran las proporciones de consenso más bajas.

La hipótesis de que la proximidad al período extraordinario de la Transición puede generar más consenso político no se cumple. Sí que es cierto que cuando se trata de votar leyes a la totalidad (no al articulado), el consenso es más habitual durante los primeros años de los 80 (alrededor del 75%) y menos durante la primera década de este siglo (alrededor del 55%). Obviamente, los temas sobre los que se legisle pueden facilitar más o menos el acuerdo entre rivales políticos. Las leyes relativas a la obra pública e infraestructuras (32%), sanidad (35%) y economía (con los presupuestos, 37%) suscitan menos consenso entre nuestros políticos autonómicos.

El consenso es un instrumento político de utilidad en momentos determinados y para cuestiones especiales

Las que generan más consenso son las destinadas a grupos específicos (infancia, juventud, ancianos), con un 50%, o las de comercio, industria turismo y energía (50%). Esta clasificación no sufre variaciones importantes si se consideran todas las leyes o sólo las que se votan a la totalidad.

El consenso es un instrumento político de utilidad en momentos determinados y para cuestiones especiales. Aun así, no es raro en nuestro país. Es exigible que los líderes políticos se pongan de acuerdo en asuntos que afectan al bien común incluyendo la defensa o la política exterior. Pero también en aspectos tan relevantes como el modelo de estado o la educación; es decir, las normas de nuestra convivencia y la enseñanza de las mismas. Se trata de asuntos que quizá no convenga someterlos al vaivén de la contienda política para garantizar una cierta estabilidad.

Los esfuerzos que se han realizado para generar acuerdos inspirados en la necesidad de presentar una posición más o menos unitaria en Europa pueden ser una buena enseñanza que, unida a la práctica diaria de muchos políticos autonómicos, muestre a la ciudadanía que la responsabilidad no está reñida con la política. Quizás así la ciudadanía comience a pensar que sus representantes dejan de ser un problema para formar parte de la solución.

Xavier Coller es profesor de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide y Andrés Santana es profesor de Sociología en la Universidad Carlos III. Son miembros del grupo de investigación Democracia y Autonomías: Sociedad y Política.