África entre rejas

Cada mes, unas mil personas extranjeras son encerradas en estas “cárceles para inmigrantes sin papeles” o “comisarías extendidas” que son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En el de Madrid, por ejemplo, fueron ingresadas 3.060 personas a lo largo del año 2012. De ellas, un 41% procedían del África subsahariana, siendo las nacionalidades mayoritarias Senegal, Nigeria, Guinea, Ghana y Camerún.

Según el informe Atrapados tras las rejas, de la ONG jesuita Pueblos Unidos, un 18% de los ingresos en el CIE de Madrid provenían de Ceuta, Melilla o Canarias, pero no existe un protocolo de información o detección de situaciones de posible asilo, refugio o protección internacional subsidiaria. Tampoco hay un sistema efectivo de traducción e intérpretes. Quizá aún mayor vulnerabilidad presentan las mujeres que, con este perfil, con frecuencia son posibles víctimas de trata.

Precisamente, el estudio Mujeres en el CIE del grupo Inmigración y Sistema Penal, concluye que “la migración femenina subsahariana presenta una gran vulnerabilidad”, por la dureza de un periplo migratorio que suele durar años y por la gran indefensión que padecen una vez llegadas a nuestro país. Muchas de estas mujeres huyen de situaciones susceptibles de asilo o protección subsidiaria, pero no solicitan protección internacional porque desconocen sus derechos y porque no se respeta el procedimiento para las solicitudes de asilo, al mermar los plazos y restringir garantías.

Dentro de los CIE, las situaciones más dramáticas se pueden plasmar en dos grupos de personas: aquellas que llevan una vida estable y arraigada en España desde hace tiempo pero que, a pesar de ello, son internadas en el CIE; y aquellas otras que, tras un duro periplo africano, son detenidas en las costas españolas y también internadas para su devolución. He aquí dos botones de muestra.

Primero, el relato del horror vivido por Houdou en su viaje a España desde marzo de 2011 a agosto de 2012. Diecisiete meses. Casi 3.000 kilómetros. Al salir de Burkina Faso tenía veinte años. La parte más “cómoda” del viaje la realizó hacinado en un “pick-up” con otros 40 viajeros desde Burkina Faso a Mali, o amontonado en lo alto de un autobús cruzando algún tramo del Sahara. La parte más dura, sin embargo, fue atravesar durante semanas primero, y meses después el desierto. Bamako, Nouakchott, Dakla, Uchda, son etapas del viaje, la mayoría de ellas andando, en las que había que sobrevivir con una botella de agua para cada cinco o seis días. No todos lo consiguieron. Vio morir a más de quince personas. En alguna de estas localidades se demoraron algunos meses porque tuvieron que trabajar para poder pagar un sobreprecio que les exigían los que les guían para proseguir el viaje. Al llegar a Nador, tuvieron que esperar a los que organizaban la última etapa del viaje.

Mientras, sobreviven gracias a la mendicidad y a los restos de basura que encuentran. Finalmente son embarcados para alcanzar un islote español no muy alejado de la costa marroquí. Su barca llega sin más incidentes. Los ocupantes de alguna otra son obligados a desembarcar cuando aún no hacen pie y alguno muere ahogado por no saber nadar. A su llegada al islote, son detenidos por entrada irregular en España. Trasladado al CIE de Aluche de Madrid, pasa allí 60 días encerrado y es finalmente liberado. ¿Logrará superar el horror de lo vivido?

El segundo caso es el de Ismael, que se repite con relativa frecuencia. Vive en España desde hace ya bastantes años y está francamente asentado e integrado entre nosotros. En su caso, reside en el País Vasco y cobra una ayuda mensual de la Diputación Foral. Tiene un contrato de alquiler a su nombre, también subvencionado por la Diputación. Aunque la ley dice explícitamente que el internamiento es una medida excepcional y de último recurso, ¿cómo puede ser que la policía haya podido solicitar internamiento en esta situación y cómo es posible que el juez lo haya autorizado? ¿Cómo se puede considerar que no hay domicilio fijo o que hay riesgo de fuga?

Finalmente, Ismael fue liberado al ser admitido el recurso de reforma contra el internamiento. Pero el uso generalizado del internamiento y los ingresos indiscriminados constituyen una medida absurda y “contra legem”. Causan un sufrimiento gratuito e innecesario, pero que tiene sus costes. Económicos, humanos y sociales.

En definitiva, seguimos atrapados tras las rejas. Seguimos a la espera de un reglamento que garantice de manera efectiva los derechos de las personas internadas en los CIE. Seguimos a la espera de que se pongan en práctica alternativas efectivas al internamiento de extranjeros. Una reciente campaña de Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Pueblos Unidos, Inmigrapenal y Mugak-SOS Racismo nos permite sumarnos a esta petición: “Hay alternativas, no al internamiento de inmigrantes”.

(*) Una penosa situación que se repite desde hace años y que desgraciadamente no va a mejor. He aquí algunos reportajes con información de casos similares publicados por El País: Mujeres invisibles, El viaje de Cyrille