Demasiado control

Si el Senado no enmienda la reforma del Consejo del Poder Judicial ya aprobada por el Congreso, el PP quedará en condiciones de controlar el próximo órgano de gobierno de los jueces como nunca lo han estado sus antecesores. Que un mismo partido disponga de mayoría absoluta en las dos Cámaras de las Cortes y en buena parte de las autonomías se debe a las urnas; pero que ese mismo partido cambie una ley para dominar también el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) depende lisa y llanamente de su voluntad. La operación ha provocado protestas de la oposición política y de una parte considerable de jueces y magistrados. Incluso la Sala de Gobierno del Supremo y otros magistrados han expresado su malestar por puntos concretos, entre ellos la designación de un vicepresidente del alto tribunal, nombrado por el futuro Consejo.

El Gobierno habla de la necesidad de eliminar bloqueos como los que se producían en el pasado, cuando se alargaban las negociaciones entre partidos para acordar los miembros del Consejo que cada Cámara parlamentaria debía designar. Ahora se cambia el sistema, de modo que la elección del cupo de una de las Cámaras (10) basta para constituir el nuevo órgano. Como el PP controla tres quintas partes del Senado, está en condiciones de designar por sí solo la mitad del nuevo Consejo. Si el Congreso retrasa el cupo que le toca (por aquello de que ahí la mayoría no es tan amplia), los del mandato anterior continúan junto a los electos por el Senado, asegurando de esta forma un órgano colegiado prácticamente unidireccional.

Con otros resultados electorales no sería tan amplio el margen de maniobra de un solo partido. Pero la reforma se hace ahora, cuando cientos de políticos están sometidos a investigación o imputados, y en algunos casos condenados y a expensas de apelación. Los jueces y tribunales son independientes, pero el órgano encargado de gobernarlos —es decir: de ascenderlos, sancionarlos, nombrarlos— será ese Consejo del Poder Judicial que el Ejecutivo parece tan inclinado a controlar.

No es el único motivo de inquietud: también es muy discutible que abogados, fiscales o jueces ejerzan su actividad profesional o jurisdiccional al tiempo que son miembros del Consejo del Poder Judicial. Son tantos los motivos que el Gobierno haría bien en reconsiderar la reforma para que sea más equilibrada.