Tribuna
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Ni austeridad ni Grillo: reforma fiscal europea

Europa no necesita su disolución, ni tampoco una estampida desordenada del euro

Nada en el desastroso manejo europeo de esta crisis ha sido producto de un error de cálculo, ni menos aún de un accidente. Es el resultado doloso de un ajuste de cuentas contra el Estado social perpetrado por una correlación de fuerzas escorada a la derecha que no encontró a su paso una resistencia consciente. Su acompañamiento ideológico pretende dictaminar la “insostenibilidad” de nuestro modelo social. Asegurando la insuficiencia de recursos para financiarlo, ha impuesto una versión reductiva de la política fiscal hasta identificarla con los recortes de gasto, impidiendo toda reflexión sobre los ingresos y sobre la equidad del deber de tributar.

Hace ya años que este desenfoque es denunciado por parcial, contraproducente y sesgado (incrementa el diferencial de ventaja de los acreedores sobre los endeudados, empeorando la enfermedad que tiene postrada a la UE). La austeridad suicida produce estupor en los organismos que escrutan el hundimiento de Europa en la globalización (FMI incluido) y rechazo en los analistas que denuncian su despiadado carácter antisocial y su fracaso económico.

La política fiscal debe asegurar suficiencia y eficiencia en los servicios públicos; redistribuir oportunidades, y conformar un modelo de sociedad comprometido con valores. Ello equivale a promover en la UE: a) un Marco Financiero y un presupuesto anticíclico; b) la armonización que combata tanto el dumping como la competición a la baja entre los Estados miembros; y c) un esfuerzo conjunto contra la injusticia extrema de los paraísos fiscales que blanquean dinero negro de los negocios delictivos, el fraude, la evasión, la ingeniería del ilícito al alcance de unos pocos y la corrupción que corroe la cohesión social y el crédito de la política. Pero es también imperiosa una reforma fiscal que asegure a la UE recursos propios (tasa de transacciones e impuestos medioambientales) para financiar crecimiento, empleo, garantía juvenil y esperanza en el combate contra la rampante eurofobia, la nueva extrema derecha y el populismo antieuropeo.

El último millón de parados lleva la firma de la reforma laboral del Partido Popular

Si los Estados han sido condenados a endeudarse en mercados predatorios que imponen intereses usurarios no ha sido por una maldición ni por la inviabilidad de sus servicios sociales, sino porque han renunciado a la progresividad. Si queremos rescatar a Europa del suicidio, urge el coraje de abordar una reforma progresiva y restaurar el valor de la igualdad contributiva.

También en España es preciso un ejercicio de radicalismo democrático, orientado a repensar un sistema tributario establecido, como casi todo, hace 35 años. La penúltima embestida —Chipre, Portugal, Italia—, ha vuelto a sumergirnos en la doble recesión que destruirá este año un 1,5% del PIB. La Comisión certifica la prórroga de la implacable dieta de recortes. Tras años agónicos para cumplir los plazos de imposible cumplimiento que nos habían impuesto, solo resta dilatar el “más de lo mismo a peor”. Alerta, además, del mal estado de nuestras magnitudes. El último millón de parados lleva la firma de la “reforma laboral” del PP, cuyo objetivo fue abaratar el despido para facilitar la “devaluación interna” mediante el dramático ajuste de los costes salariales. El Gobierno hace pasar por preludio del “milagro” el derrumbamiento de la demanda interna (la “mejoría de la balanza de pagos” es la disminución de las importaciones). Cuando por fin se produzca un raquítico repunte, nos venderán ese espejismo como “prueba irrefutable” de que sabían lo que hacían. España será más pobre que en 2008; pero sobre todo más injusta, más desigual, más inhumana. Y casi todo lo que importa —sanidad, educación, atención a las personas dependientes—, habrá sido sometido a una regresión abrasiva, que ha situado a buena parte de la ciudadanía en cotas de malestar preinsurreccionales.

El acoso a la política abona el territorio para la floración de soluciones simplistas o desesperadas, varias veces estrelladas en el despeñadero de la historia. La marea de populismo en el que “arden las redes” no nos redimirá de los males de esa “política decadente” a la que se somete a inculpación colectiva. Abunda en nuestra propensión a lapidar chivos expiatorios, por más que los “nefandos pecados” de la corrupción o la indecencia no afecten a “los políticos” más que a otros colectivos, siendo todos vulnerables a estigmatizaciones montadas sobre los prejuicios o la cólera de los savonarolas o de los energúmenos.

No me encuentro entre quienes, como en el teatro absurdo de Beckett, se han sentado a “esperar” un Beppe Grillo español con vistas a las elecciones europeas de 2014. Europa no necesita ni su negación ni su Némesis; ni su disolución, ni una estampida desordenada del euro. Necesita un proyecto altereuropeísta y reeuropeizador. No espero nada de esa demagogia vociferante que aspira a autoerigirse en el flagelo de Dios: el populismo destructor de “políticas caducas” no opone alternativas ni esperanzas: véase qué ha hecho Grillo por sacar a Italia de su actual atolladero. La historia del siglo XX dictó lecciones terminantes sobre lo que cabe temer del ensoberbecimiento de quienes se creen llamados a “liberar a las masas” haciendo subir al patíbulo a quienes todavía pretendan la osadía de razonar en lugar de abandonarse al fuego “purificador” de la antipolítica.

Nuestra arquitectura constitucional acusa signos alarmantes de fatiga de materiales

He ahí un debate impostergable. Ni la patada al tablero, ni la ucronía regresiva del populismo antipolítico, ni el rebrote de la vieja tentación nacionalista pueden hacer el trabajo. Urge una reforma fiscal que asegure la sostenibilidad de nuestro modelo social, conjure su demolición y restablezca la equidad en el reparto de las cargas, haciendo frente a la malaise contra las injusticias ante los sacrificios.

Me cuento entre quienes abogan por acometer en España una revisión constitucional de caballo ante los signos alarmantes de fatiga de materiales que acusa nuestra arquitectura. La Constitución hace tiempo que dejó de ser “joven”. Antes bien, ha envejecido sin que apenas, entre todos, le hayamos permitido ejercitar su madurez. Pero reformar a fondo nuestra democracia herida exige algo más que injurias y descalificaciones, “¡todos iguales!” o “¡y tú más!”.

Juan F. López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.

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