Causa común

Difícilmente podría imaginar nadie en el momento de suscribir un producto financiero, que la entidad bancaria le había ofrecido con el engañoso título de “participaciones preferentes”, que la preferencia para decidir qué se hacía con el dinerito invertido era de quienes ya lo tenían a buen recaudo y no de quienes ingenuamente había confiado en el consejo asesor del director de la sucursal que velaba por sus intereses.

Le pediría al Gobierno que, de una vez por todas, actúe en defensa de los miles de ciudadanos atrapados en esa rocambolesca estafa financiera instando a las empresas y entidades gestoras de ese producto a la devolución íntegra de los capitales invertidos a sus clientes. Así se contribuiría en parte a devolver la confianza en unas instituciones cuya seriedad está más que cuestionada por poner en riesgo las economías personales.— Cristina de Montemar.