La renuncia del fiscal

La renuncia del fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, aceptada por el fiscal general del Estado, resuelve una situación conflictiva que nunca debió producirse. Las opiniones en público de Rodríguez Sol sobre las alternativas para que los catalanes se expresen, “dentro de la legalidad”, fueron imprudentes e inoportunas. Imprudentes, porque opinar no forma parte de las atribuciones de los fiscales, sobre todo en una materia de alto voltaje político, que enfrenta a instituciones y divide a partidos. E inoportunas, porque el opinante hablaba una vez conocida la decisión del Gobierno central de impugnar el reconocimiento de la soberanía jurídica y política del pueblo catalán, declarada en enero por el Parlamento autónomo; y aunque Rodríguez Sol no se refirió directamente a esa declaración, el criterio del Gobierno sobre todo este asunto ya era evidente.

El principio rector del ministerio público es la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos; y la fiscalía de Cataluña, como la de cualquier otra comunidad autónoma, es una institución del Estado y se atiene a la legalidad. Por eso chocan las opiniones sobre una hipotética legalidad futura, que por cierto propugnan la Generalitat de Cataluña y gran parte de los miembros del Parlamento catalán. No hacía falta que el fiscal jefe de Cataluña tomase parte en el debate público sobre el “derecho a decidir”. Por respetable que sea el derecho a la libertad de expresión, les es exigible a los fiscales que se atengan a la defensa de la legalidad.

En cualquier caso, no conviene dejarse llevar por los nervios ante cualquier incidente suscitado por la dinámica política impulsada desde la Generalitat y sus aliados, que estos aprovechan al máximo. Rodríguez Sol no es un independentista: lo ha aclarado con reiteración y además ya tomó postura años atrás en contra del Estatuto de Cataluña, porque le parecía que rompía la unidad del ministerio fiscal; en este último caso, por cierto, nadie promovió escándalo alguno. Es lamentable que un hombre de ese talante, expresidente de la conservadora Asociación de Fiscales, se haya visto crucificado en la plaza pública como si hubiera defendido la secesión. Hay que mantener la cabeza fría y no dejarse incendiar por unas opiniones, por inoportunas que sean.

Las sanciones a los fiscales han de atenerse a un motivo legal suficientemente contrastado. El fiscal jefe de una comunidad autónoma no es un cargo que pueda ser removido o separado según la libre voluntad de su superior jerárquico. Solo se le podía sancionar en caso de haber cometido alguna de las faltas previstas en el Estatuto del Ministerio Público. La solución de poner el cargo a disposición de su jefe, Eduardo Torres-Dulce, facilita la salida a una situación que se había envenenado. El episodio muestra el peligro de que el proceso soberanista lleve a la histeria colectiva, y no a la defensa del Estado de derecho.