Una sociedad alarmada, decepcionada y más solidaria

Esta entrada ha sido escrita porVIOLETA ASSIEGO (@Vissibles), que coordina los estudios sobre Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en METROSCOPIA.

“La sociedad se encuentra alarmada y decepcionada ante una situación política controvertida, una economía inestable, una pérdida de derechos sociales y una degradación ambiental sin precedentes, que dejan a las personas más vulnerables abandonadas a su suerte”. Con esta contundente afirmación empieza la carta que tres importantes ONG, Amnistía Internacional, Intermon y Greenpeace, dirigieron al presidente del Gobierno hace un par de semanas con motivo del Debate sobre el estado de la Nación, en la que presentan un decálogo de asuntos que deben ser atendidos con carácter urgente.

Los últimos sondeos de Metroscopia —publicados por El País— corroboran que efectivamente en la sociedad española hay alarma y hay decepción. Hay decepción si el 97 % de los ciudadanos manifiesta que la actual crisis está haciendo que muchas personas desconfíen cada vez más de nuestras instituciones políticas. Y hay alarma si el 73 % afirma que España está al borde de un estallido social a causa del nivel de paro y pobreza existentes.

En el primer punto del decálogo presentado por estas ONG se afirma que las políticas de austeridad están incrementando la pobreza y la desigualdad en España. Algo muy similar a lo que ocho de cada diez españoles opinan sobre el final de la crisis —cuando la economía empiece a crecer—: que la sociedad española será más pobre y desigual que antes. Con todo, el 74 % de la población considera que, a pesar de existir un mayor empobrecimiento, la crisis ha hecho que la gente se haya vuelto más solidaria con quienes lo están pasando peor. Tanto es así, que en algo tan controvertido como es el acceso a la sanidad pública de la población inmigrante en situación irregular, el 77 % piensa que su exclusión del sistema sanitario público va contra los derechos fundamentales. En este sentido, la opinión mayoritaria coincide con el segundo de los puntos del decálogo presentado: “Las medidas de austeridad nunca pueden conllevar el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos”.

Otra de las cuestiones tratadas por estas tres ONG es la que hace referencia a la petición de suspender los desalojos forzosos y la necesidad de que se adopte una legislación que los prohíba. Si bien el tema de los desalojos jurídicamente difiere del de los desahucios, no es menos cierto que la sociedad española se muestra sensible y contraria al uso de la fuerza para la expulsión forzosa de una persona de su hogar y consecuente con los derechos humanos cuando el 92 % cree que deben aplazarse todos los desahucios, de manera urgente e inmediata, hasta que se promulgue la nueva ley.

Llama poderosamente la atención que sondeo tras sondeo se detecte un creciente malestar entre los ciudadanos ante las políticas de austeridad que aprueba el Gobierno. Expertos y organizaciones sociales alertan de la inutilidad de estas y del sufrimiento innecesario que provocan en un sector muy importante y vulnerable de la población. Está en juego algo más que la credibilidad y legitimidad de quienes defienden esas medidas como el camino que se debe seguir; está en juego el valor que se da a las personas en las políticas de austeridad. En eso consisten al fin y al cabo los derechos humanos, en hacer prevalecer el Ser por encima del Tener.