Viacrucis de impunidad

Pasan los días, continúa la reflexión del vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, y seguimos sin saber si va a dimitir de su puesto en la patronal, debido a las denuncias de que su grupo empresarial pagaba a los empleados en parte con dinero negro. Mientras en otras sociedades más conscientes los cargos públicos y semipúblicos dimiten porque se les sorprende copiando una tesis doctoral, en España no se abandona el puesto ni siquiera por indicios de ilegalidad. CEOE percibe cantidades de dinero público y alguien objeto de sospecha no puede ni debe manejar caudales de los ciudadanos. La teoría es fácil, está clara en todos sus extremos, pero en España la práctica desprecia humillantemente a la teoría. Aunque algunas organizaciones de la CEOE, como Confebask, instaron educadamente a Fernández a dimitir y defender su suerte jurídica sin manchar a la patronal y a pesar del precedente de Díaz Ferrán, el vicepresidente se acogió a la muletilla de la reflexión para hurtar, al menos de inmediato, la dimisión debida.

En España, el sorprendido in fraganti, llámese Bárcenas, Mato o Fernández el empresario, usa mucho de suertes como el volatín, el marear la perdiz y el enfangar el terreno. Se invoca la inocencia (como si esta no tuviese un carácter estrictamente jurídico, pero no político), se niega la veracidad de los documentos o se recurre a la hipótesis del compló. Incluso se practica la distracción espesa, como publicar declaraciones de la renta. Lo mismo podrían publicarse los misales de los implicados, porque ni unos ni otras aclaran nada. Fernández, lejos de confirmar o negar la presunta ilegalidad, enreda con la reflexión, con el “quizá dimita el lunes” (por hoy) pero “ya está escampando”, de forma que “reflexión no significa dimisión”.

Sin negar las denuncias, con la sola verónica de la reflexión, Fernández mantiene sus contratos de hostelería y catering con organismos oficiales, por donde fluye el dinero público; con el agravante de que los próceres del PP (Esperanza Aguirre todavía lo es) no tienen empacho en unir su suerte a la suya y defender públicamente una sospecha de ilegalidad (“¡Hay que pagar muchas nóminas!”). Este es el viacrucis de la impunidad que sufren los españoles.