Donaciones a partidos políticos

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acaba de presentar en Bilbao un paquete de cuatro medidas destinadas a atajar la corrupción política. De entre ellas destaca su propuesta de prohibir las donaciones de empresas a partidos políticos. En sus propias palabras, “la supresión de estas donaciones eliminaría las sospechas de connivencia”. No comparto su optimismo; este es, como bien dice César Molinas, el país del “capitalismo castizo” y, con toda seguridad, las donaciones opacas seguirían existiendo. Pretender extinguir la corrupción por decreto no representa un objetivo factible, como no lo es el de extirpar la prostitución, el tráfico de drogas, ni lo fue intentar acabar con el consumo de alcohol durante la ley seca: lo llevamos en nuestro ADN.

Que los partidos políticos se financien a partir de empresas no me quita particularmente el sueño. Que los Gobiernos devuelvan esta financiación privada en forma de lucrativos favores (concesiones, adjudicaciones, regalías varias) con el dinero de nuestros impuestos sí que me resulta sumamente preocupante. Y que las consecuencias de esta relación incestuosa entre Gobiernos y empresas sean irreversibles (porque cuando se descubren por los jueces o por la prensa normalmente han transcurrido varios lustros) me parece sencillamente escandaloso.

Desde mi punto de vista, debemos concentrar los esfuerzos en los dos últimos aspectos. En este sentido, el sistema norteamericano de financiación de las campañas electorales que permite cualquier tipo de donación privada, pero prohíbe el anonimato (por encima de los 2.500 dólares) así como las donaciones bajo cuerda, me parece un esquema más acertado puesto que ayuda a revelar posibles tratos de favor. Solo de esta forma los ciudadanos disponen de la información precisa para poder auditar, en tiempo real y con conocimiento de causa, la acción del Gobierno de turno.— Diego Ferreño Blanco.