Malos socios europeos

Rumania no es un buen socio de la Unión Europea (UE). La Comisión acaba de urgir a Bucarest a que aplique las reformas a las que se comprometió, especialmente para garantizar la independencia de los jueces. Estos se ven acosados y amenazados cuando combaten la corrupción de ministros y otros políticos. La corrupción es una lacra generalizada. No afecta sólo a los nuevos socios. Tampoco solo a los mediterráneos. Hasta el presidente de Alemania y algún banquero de postín del mismo país tuvo que dimitir por ese estigma. La diferencia es que la mayoría de los sistemas judiciales restauran sin drama el imperio de la ley. Si Bucarest no lo logra en plazo corto, habrá que considerar el inicio del procedimiento sancionador —de entrada, retirada del voto en las instituciones comunitarias—. Y habrá que tomar a Rumania como paradigma de lo que conviene evitar: la adhesión de nuevos miembros hasta que cumplan todos los requisitos de calidad democrática.

Pero no hay que mezclar esa necesidad con la impostura del Gobierno británico, que pretende evitar torticeramente una nueva oleada inmigratoria de rumanos. El intento de Londres es tramposo por cuanto pretende imponer medidas unilaterales a los ciudadanos de un Estado que es su socio y por la puerta de atrás, limitando sus derechos sociales o las ayudas públicas a las que tienen derecho. En el mejor de los casos, esa estrategia constituye fraude de ley; en el peor, conducta directamente ilegal, sobre la que la Comisión Europea debe lanzar la oportuna alerta. Es, además, un planteamiento hipócrita. El Reino Unido ha sido el más firme valedor de ampliar la UE a cualquier precio, sin reparar en el cumplimiento de los duros criterios de Copenhague que rigen para las nuevas adehsiones. Buscaba con ello diluir la Unión en una mera zona de libre mercado. Ir ahora contra sus propios actos resulta propio de un socio indecente.