Cautelas de Urkullu

Por primera vez desde su nombramiento como lehendakari, Íñigo Urkullu se entrevistó ayer con el presidente del Gobierno para pasar revista a la situación política vasca un año largo después del anuncio del cese definitivo, aunque sin disolución, de la actividad terrorista. Tras décadas en las que la violencia condicionó decisivamente sus actividades, las instituciones, los partidos y otros colectivos, y el conjunto de los ciudadanos tienen que adaptarse a ese nuevo escenario. Tiene que hacerlo sobre todo la izquierda abertzale ligada a ETA, que hasta fecha reciente se ha considerado con derecho a intimidar y eliminar a sus rivales políticos; pero también quienes se enfrentaron a ella o la padecieron y se resisten a reconocer la importancia del cambio producido.

Urkullu viene sosteniendo desde la campaña electoral que sus prioridades son la crisis económica y el afianzamiento de la paz; y que solo tras encauzar ambas pasaría a primer plano el tema del reforzamiento del autogobierno, expresado en el objetivo de “un nuevo estatus político para Euskadi”. Sin embargo, la deriva soberanista de la política catalana podría condicionar ese esquema. Al respecto, el lehendakari ha establecido una cautela: solo habrá ese cambio si existe un consenso al menos equivalente al que avaló en su día al Estatuto de Gernika. Esto es una garantía contra iniciativas precipitadas.

Respecto al fin de ETA, insistió ayer en que hay una oportunidad de acabar definitivamente con el problema si se actúa desde la unidad de todas las fuerzas y en el marco parlamentario. Es una cautela contra la pretensión de ETA con apoyo de la ex-Batasuna de condicionar la disolución de la banda a una negociación extraparlamentaria con contrapartidas políticas, como la retirada de las fuerzas de seguridad de territorio vasco. E invitó a las formaciones reticentes, en referencia implícita al PP, Bildu y UPyD, a sumarse a la ponencia sobre paz y convivencia existente en la Cámara vasca y pendiente de actualización.

Esas reticencias son un reflejo del sectarismo que sigue dominando las relaciones entre partidos y que se ha extendido, agravado, a las asociaciones de víctimas. Todo lo que no encaje en un modelo ideal previo (por ejemplo, sobre condiciones que debieron exigirse para la legalización de la izquierda abertzale) es rechazado por un sector amplio de ese movimiento como traición o complicidad; lo que a su vez paraliza iniciativas compartidas por los partidos.