Establecer la verdad

La muerte de sor María Gómez Valbuena, única persona imputada hasta ahora por los bebés robados para ser dados en adopción, supondrá el archivo de las dos causas en las que figuraba como única imputada, a no ser que aparezcan nuevos indicios que señalen otros posibles culpables. El previsible archivo es una muestra de las dificultades a las que se enfrenta la investigación judicial de un drama que tuvo como escenarios clínicas y hospitales de toda España y que se prolongó por lo menos entre 1959 y 1987. Muy pocas de las casi 2.000 denuncias interpuestas hasta ahora han prosperado. Hoy, EL PAÍS cuenta un caso más, el de Carmen Díaz, que demuestra las dificultades de las familias para llegar a la verdad. Muchas de las causas, como la suya, han sido archivadas y otras languidecen por la dificultad de investigar los hechos.

Pese a que el Ministerio de Justicia ha prometido recursos para los afectados para allanar el camino, como el banco de ADN, lo cierto es que hasta ahora la vía judicial está dando escasos frutos. Es de esperar que la circular emitida por la Fiscalía General del Estado el pasado diciembre unificando los criterios a seguir dé ahora un nuevo impulso a la vía judicial. El fiscal general señaló que el delito no prescribe hasta pasados 10 años desde que la víctima se entera de su condición, y ordenó a los fiscales la búsqueda activa de pruebas. Es una medida no solo justa, sino necesaria para preservar la maltrecha moral colectiva de este país, pues no hay nada tan corrosivo como tener evidencias de que se ha cometido una terrible injusticia con miles de personas y que los tribunales miren a otro lado.

Los relatos obtenidos hasta ahora son tan estremecedores que no pueden quedar en la impunidad. Quienes facilitaron el robo de los bebés y después las adopciones ilegales actuaron movidos por una mezcla de fanatismo religioso e ideológico que se encarnizó especialmente con las madres solteras. También hubo detrás de muchas de las actuaciones motivaciones económicas, pues las familias adoptantes pagaron en ocasiones importantes sumas por la entrega de los recién nacidos.

La justicia debe hacer su trabajo con diligencia. Pero, por su extensión, por la prolongación en el tiempo y por la alarma que produce saber que muchos de estos robos se perpetraron bajo el paraguas de entidades religiosas y sanitarias, lo ocurrido es una lacra en nuestra historia reciente que requiere un esfuerzo adicional de clarificación. A tal fin, debería estudiarse la posibilidad de crear una comisión de la verdad, independiente e integrada por personalidades de prestigio, que ampare a las víctimas y permita averiguar qué ocurrió. Una comisión de este tipo podría recabar el testimonio protegido de muchas personas que ahora callan y tener acceso a documentación oculta. Existen precedentes en los que inspirarse, desde la Comisión por la Verdad y la Reconciliación que presidió en Argentina el escritor Ernesto Sábato a la que se creó en Sudáfrica con Nelson Mandela, presidida por Desmond Tutu.