Un mercado racional

El anteproyecto de Ley de Mercado Único que ayer aprobó el Consejo de Ministros responde al principio del sentido común. Porque todos los ciudadanos y agentes económicos entienden como racional que un empresario pueda operar en todo el territorio nacional con la licencia que le haya concedido su comunidad autónoma; porque la multiplicación de normativas encarece los costes y disuade la inversión; y porque las complicaciones administrativas no solo fragmentan el mercado, sino que constituyen un factor de hostilidad y desigualdad entre zonas económicas. Cualquier ley que impida este tipo de segmentación e imponga el criterio de licencia única debe considerarse como un avance.

Pero los principios generales, siempre agradecidos, no garantizan que la solución legal sea la adecuada. Por ejemplo, el hecho de que una norma autonómica pueda ser objeto de sanciones administrativas porque otra comunidad la considera lesiva para sus intereses puede provocar una carrera para entorpecer las legislaciones de territorios competidores; y la ausencia de cualquier mención al etiquetado en distintos idiomas nacionales indica que el problema de los extracostes de este tipo ha quedado cuidadosamente orillado por razones de coyuntura política. En una primera aproximación cabe felicitarse de que el Gobierno se haya acordado de la unidad de mercado y la licencia única, pero habrá que esperar a que se conozca la redacción final de la ley para conocer su eficacia.

El modo de presentación del anteproyecto tampoco es un dechado de virtud política. El Gobierno se ha acostumbrado a enunciar los cambios legales mediante declaraciones bienintencionadas, mientras hurta a los ciudadanos el conocimiento preciso de los textos que van a gobernar su vida. Así, se llega a declaraciones como “esta ley no perjudica a nadie y beneficia a todos”, pronunciada ayer por la vicepresidenta.

Una parte importante de la falacia de vender las buenas intenciones en lugar de la eficacia comprobable de una ley parte de la mala costumbre de presentar modificaciones legales sin memoria económica. El Gobierno anuncia que la ley aumentará el PIB en 1,5 puntos en 10 años, pero no ofrece la argumentación económica para que se pueda confiar en tan excelentes consecuencias. Hay que creerlo como ciencia infusa del Gobierno o artículo de fe. La credibilidad de los cambios legales queda así mermada.