Asegurar las pensiones

La reforma de las pensiones públicas es uno de los cambios estructurales que necesita abordar la economía para garantizar la viabilidad del sistema en los próximos 50 años. A diferencia de otras grandes reformas, como la financiera, de gran impacto inmediato sobre la economía, los efectos de la de las pensiones se dejarán notar a medio y largo plazo. Pero no por eso es menos urgente, puesto que solo será eficaz si los cambios normativos empiezan a aplicarse poco a poco desde ahora. El Gobierno empieza a ser consciente de que es inevitable un cambio estructural en las pensiones, debido a la presión de la demografía y al deterioro del mercado laboral. O al menos eso cabe deducir de la negativa del Consejo de Ministros a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en 2012 a la subida de la inflación.

El problema es de fondo y se ha debatido intensamente en los últimos cinco años. El sistema actual es inviable a medio plazo por el creciente envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida; y resulta más inviable todavía si, además, la economía está en fase de depresión laboral profunda. La aportación de un número decreciente de ocupados resultará insuficiente así que pasen 10 años para sufragar los pagos a un número creciente de pensionistas.

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero pasaron de puntillas sobre la necesidad de una reforma en profundidad del sistema y el de Rajoy parece dispuesto a repetir el error. El argumento político que la bloquea es que un cambio de esta naturaleza tendría un coste muy elevado en votos. Resulta también evidente que la demora en la petición de rescate se debe a otras razones distintas al temor a que una de las condiciones impuestas desde Bruselas y Fráncfort sea precisamente un recorte en las pensiones. La fuerza de los hechos obligará a iniciar esa reforma, la exija Bruselas o no.

Las líneas de acción para reformar las pensiones están bien definidas. El Gobierno que acometa la tarea tiene el mapa de situación perfectamente delimitado por el amplio consenso entre economistas, expertos laborales y políticos con experiencia en la Administración pública: ampliar el número de años de ocupación para acceder al 100% de la cotización, calcular esta sobre el conjunto de la vida laboral, adelantar a 2015 o 2016 la norma que aplaza la edad de jubilación hasta los 67 años, prevista por el Ejecutivo anterior para la segunda década del siglo, y romper la indexación de las pensiones con el IPC.

La tarea de un Gobierno consciente del problema y con una legislatura por delante debería ser la de modular en el tiempo estas líneas de acción, de forma que no sean una carga insoportable para los nuevos pensionistas ni para aquellos con prestaciones más reducidas, y alivien el peso sobre las cuentas públicas. Algunas decisiones pueden prolongarse (siempre que no se llegue al desatino de aplicarlas en 2022) y otras pueden escalonarse. Pero lo que resulta imprescindible es que los ciudadanos sepan con claridad cuáles son los criterios de reforma y, por supuesto, que su aplicación se negocie con los agentes sociales. Lo que no es recomendable es que el Ejecutivo siga subiendo las pensiones sin explicar sus consecuencias (un alza del 1% en 2012 está produciendo un aumento del gasto del 4,6%) y no se advierta el riesgo de quiebra del sistema que anuncia el irresistible aumento del gasto estructural por las tendencias demográficas y laborales. En este ámbito también se juega el Gobierno su credibilidad ante los ciudadanos, ante Europa y ante los inversores.