¿Pagaría usted más impuestos por apoyar a los enfermos pobres?

Uno de los logros más extraordinarios de las últimas décadas en el campo de la lucha contra la pobreza es la disminución de la prevalencia del VIH-SIDA. Lo que en los 80 y 90 parecía una pandemia imparable y de proporciones bíblicas, se ha convertido en este momento en una enfermedad crónica para la que en un tiempo razonable podría haber una vacuna.Entre 2003 y 2008, el número de personas que recibieron tratamiento antirretroviral contra el VIH se multiplicó por diez, alcanzando a más de 4 millones de pacientes.En ese esfuerzo -y en la atención de los 9 millones de pacientes pobres que carecen todavía del acceso al tratamiento- ha destacado el Fondo Mundial contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, que ayer presentó en Madrid los resultados de una década de trabajo en la que España ha jugado un papel determinante.

Los números son abrumadores. Desde 2002 el Fondo ha logrado captar y emplear un total de 23.000 millones de dólares, la mayor parte de ellos destinados al SIDA y a África subsahariana. Alrededor de 3,6 millones de personas han recibido tratamiento antirretroviral; se han distribuido 270 millones de mosquiteras con insecticida y se han tratado 9,3 millones de casos de tuberculosis. Sus responsables atribuyen al Fondo cerca de 9 millones de vidas salvadas, aunque, considerando que estos pacientes suelen ser multi-contabilizados por diferentes iniciativas globales, conviene que tomemos esta última cifra con una pizca de sal.

En cualquier caso, el propósito de esta catarata de números era demostrar el impacto de unos recursos a los que España ha contribuido con 720 millones de dólares a lo largo de la última década, lo que nos convierte en uno de los principales donantes públicos (hay también donantes privados como la Fundación Bill y Melinda Gates). El problema es que ese compromiso está amenazado por la lavativa presupuestaria a la que están siendo sometida la cooperación internacional de nuestro país. Aunque tanto el Presidente como los responsables ministeriales han garantizado en varias ocasiones los 10 millones de euros que constituirían el compromiso español para 2012, tampoco en el Consejo de Ministros que se celebra hoy quedará finalmente aprobado el desembolso de esta partida, y nos acercamos peligrosamente a fin de año. Lástima que no reciba el tratamiento VIP que los partidos reservan a sus propias fundaciones políticas, a las que regaron generosamente con dinero de la cooperación hace algunas semanas.

El hecho es que la inversión en el Fondo Mundial constituye todo lo que el Gobierno ha dicho que debe ser la ayuda española: un gasto estratégico, con impacto demostrable y en un sector prioritario para nuestros ciudadanos. A eso habría que añadir el prestigio de comprometerse con un problema global de esta envergadura y mantenerlo (aunque sea de forma reducida) cuando vienen mal dadas. Supongo que a eso se refieren los gurús cuando hablan de ’liderazgo global’, una moneda que circula también en otros mercados de la globalización.

Por si estas razones no fuesen suficientes, los responsables de Salud por Derecho (la pequeña pero eficientísima ONG que organizó este acto) presentaron los resultados de una nueva encuesta en la que se mide la opinión de los españoles sobre la ayuda a los países pobres. Ya he comentado en alguna ocasión que, a menos que la pregunta dé a elegir entre la cooperación y el ambulatorio de la esquina, los supuestos apoyos abrumadores de los españoles a la ayuda internacional me dejan bastante frío (de hecho, lo verdaderamente llamativo es que un 30% de los encuestados opinen que los pobres "deben arreglárselas por su cuenta"... ¡menudos pájaros!). Pero en este caso se ofrecía un dato que me parece fundamental: uno de cada dos españoles está dispuesto a pagar más impuestos para sostener los presupuestos de la ayuda. Eso, al menos para mí, es nuevo y demuestra que la catadura moral de muchos ciudadanos está por encima de sus apuros financieros. Un espejo en el que el Gobierno podría mirarse.

(Pueden apoyar aquí el manifiesto de Salud por Derecho a favor de un mayor esfuerzo público contra el SIDA.)