Una tarea urgente

A los pocos días de haber sufrido un descalabro electoral, la imagen pública del PSC se ha visto sacudida por la aparición de un caso de corrupción urbanística en la ciudad de Sabadell, que ha provocado 12 detenciones y la imputación de 26 personas, entre ellas el alcalde de la ciudad y secretario de Política Municipal del partido, Manuel Bustos. En concreto, se investiga la existencia de una trama organizada para cobrar comisiones por la adjudicación de obras públicas. Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama podría haber exigido a las empresas un pago de 120.000 euros para poder participar en los concursos y luego, una comisión de entre el 3% y el 4% del importe de las obras. Entre los imputados figuran familiares del alcalde, otros cargos socialistas y un ex concejal del PP.

La irrupción en la escena política catalana de este nuevo episodio de corrupción urbanística debería poner en alerta a la sociedad sobre un fenómeno demasiado generalizado. La sospecha de que se están cobrando comisiones por la adjudicación de obras públicas ha planeado sobre la política catalana desde que el entonces presidente Pasqual Maragall, en un rifirrafe parlamentario con Artur Mas, dio a entender que CiU cobraba mordidas del 3%. Aquella acusación quedó en agua de borrajas, pero desde entonces se han sucedido los casos que han llegado a los juzgados. Entre ellos destacan, por su gravedad, el caso Pretoria y el caso Palau, que implican a cargos y dirigentes de ambos partidos. El del Palau de la Música se inició como un asunto de desfalco por parte de su presidente, pero ha tenido como derivada un caso de financiación irregular de Convergència mediante el cobro de comisiones. La exasperante lentitud con que opera la justicia hace que estos casos se eternicen en los juzgados y, ante la aparición de nuevos escándalos sin haberse resuelto los anteriores, la ciudadanía se desmoraliza y tiene la impresión de nadie es capaz de atajar la corrupción.

El cobro de comisiones no solo atenta contra la moralidad pública. Tiene también efectos devastadores sobre la confianza en los gobernantes y sobre la calidad de la gestión pública. Los partidos que practican mordidas están en posición de ventaja sobre aquellos que actúan con honestidad, y siempre que hay financiación irregular, puede haber también enriquecimiento ilícito de las personas involucradas. Las mordidas corrompen el sistema de adjudicación de obras y servicios pues, cuando median procedimientos corruptos, quienes acaban adjudicándose las obras no son muchas veces los que más méritos tienen, sino quienes carecen de escrúpulos y suplen la falta de capacitación con dádivas y comisiones. Una vez que la corrupción se instala, tiende a perpetuarse. Se consolida así un sistema injusto, ineficiente, que supone un enorme sobrecoste que acaban pagando los ciudadanos. La justicia debe esclarecer estos casos, pero atajar la corrupción debería ser el primer punto de una agenda de regeneración de la política que resulta inaplazable.