Rescate de riesgo

El Gobierno de Chipre negocia con la troika (Bruselas, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) un acuerdo de rescate para recuperar la estabilidad financiera del país. La causa principal de la petición de auxilio está en la deteriorada situación del sistema financiero chipriota, gravemente afectado por la exposición a la deuda griega. Pero lo que llama la atención del rescate, todavía en fase de discusión, es la cuantía relativa del mismo. Se trata de inyectar más de 14.000 millones de euros —17.000 millones, según otros cálculos—, una cantidad equivalente al 80% del PIB chipriota. En proporción, es el más elevado de cuantos se han aprobado hasta ahora. Solo los bancos necesitan en torno a 10.000 millones.

Los inversores tienen derecho a preguntarse cómo va a financiar Chipre la devolución de un rescate de tal cuantía. Si se tratara de una empresa, el prestamista indagaría sobre cual es el volumen de negocio de la compañía que garantiza la devolución. En el caso de Chipre, la situación se agrava además por la más que previsible aplicación obligada de planes de austeridad y ajuste presupuestario, que sin duda afectarán al crecimiento económico. Por todo lo anterior, sería muy cuestionable acordar al mismo tiempo un rescate de 14.000 millones y mantener estrictas condiciones de recortes presupuestarios como contrapartida al préstamo. Las privatizaciones solo resuelven una parte del problema y la más que previsible exigencia de un recorte de las pensiones tendrá consecuencias inmediatas sobre el consumo.

Nicosia se enfrenta pues al mismo problema que tienen Dublín, Lisboa y Atenas, cuyo método de rescate es similar. La única expectativa que garantiza una solvencia duradera de la deuda es el crecimiento económico; los programas de restricción del gasto, sobre todo si son drásticos y exigen cumplimiento de objetivos macroeconómicos a corto plazo, están en abierta contradicción con el crecimiento.