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EDITORIAL

Juego sucio

Es inaceptable que el Gobierno se lave las manos sobre un escándalo policial en vísperas del voto

Las elecciones convocadas para mañana en Cataluña tienen el valor de una primera consulta sobre el soberanismo reivindicado por CiU y por su candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, que ha pedido una “mayoría excepcional” para llevar a cabo sus planes. Solo a partir de la huelga del 14 de noviembre han aparecido en la campaña asuntos relacionados con el paro, los recortes al gasto sanitario y educativo o si es viable una Cataluña separada de España y fuera de la UE. Apenas esos debates comenzaban a abrirse paso, el terreno de juego electoral se ha visto súbitamente embarrado por la utilización de un presunto informe policial sobre cuentas secretas atribuidas a personas importantes en CiU, entre ellos Artur Mas y Jordi Pujol, así como pagos en efectivo que “podrían corresponder” a Felip Puig. En plena campaña electoral, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado por hecho que tales cuentas existen y ha pedido explicaciones a sus tenedores en vez de contar lo que él pueda saber.

Los ciudadanos tienen derecho a conocerlo todo sobre la evasión de impuestos por parte de los políticos. Pero lo que no tiene pase en un Estado de derecho es que delitos supuestamente descubiertos por cuerpos policiales o por la Agencia Tributaria se mantengan en secreto, discurran por canales irregulares o sean hurtados a la justicia. No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Lo que la policía y la Agencia Tributaria hayan indagado a partir del llamado caso Palau tiene que hacerse dentro de la legalidad. Resulta insoportable que un Gobierno emanado de las urnas se sitúe en el terreno de la ambigüedad respecto a la realidad o no de investigaciones practicadas bajo su responsabilidad, en vez de obligar a explicarse al director de la Policía, Ignacio Cosidó, y desde luego al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Tampoco es pequeña irregularidad la forma y el momento en que ese papel ha sido comunicado al juez del caso Palau: lo ha llevado a cabo un sindicato policial, el SUP, tras una semana de intensa explotación del contenido que afectaba a CiU (no así a otros) en los medios de comunicación, a partir de su filtración. El jefe de la unidad policial a la que pertenece el membrete del documento niega que haya sido elaborado en su departamento, mientras el SUP lo atribuye a “policías indignados” de que sus investigaciones caigan en saco roto. El texto en cuestión no detalla nada sobre el presidente de la Generalitat, sino que se limita a una colección de datos anónimos e insinuaciones sobre el “padre de Artur Mas” o familiares del expresidente, Jordi Pujol, además de una comisión supuestamente entregada a la fundación FAES (presidida por José María Aznar). La copia del supuesto informe distribuida a la prensa por el SUP también es anónima: carece de sello, fecha y firma del autor.

La utilización de tal documento en campaña tensiona a los electorados del nacionalismo catalán y del Partido Popular. Pero más allá de los efectos que tenga mañana en las urnas, es inaceptable que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior hayan intentado sostener que no saben nada. Sobre todo después de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, diera ayer por bueno un informe policial del que nadie se hace responsable. El PP vetó las peticiones para que los ministros de Interior y Hacienda se explicaran urgentemente en el Congreso, lo cual deja clara su nula voluntad de aclarar el escándalo antes de la votación. No sabemos de las intenciones de quienes han decidido intervenir de este modo en la campaña catalana, pero todo parece indicar que el Estado se sienta sobre una cloaca incompatible con la democracia.

 

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