Un nuevo clavo en la desconfianza en la Justicia

¿Qué lleva a un político a despreciar la opinión de absolutamente todo el mundo y a seguir adelante con un proyecto que multitud de expertos en el tema consideran no solo perjudicial, sino peligroso? ¿Qué lleva al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a despreciar la opinión de la oposición en pleno, del Consejo General del Poder Judicial, de prácticamente todos los Colegios de Abogados de España y de innumerables asociaciones del mundo del derecho que le han pedido que reconsidere el proyecto de ley de tasas judiciales por temer que la nueva normativa afecte irreparablemente a la capacidad de los ciudadanos menos favorecidos a reclamar justicia?

Se diría que es un asunto grave, fundamental en un Estado democrático, algo que merece reposo, debate y la clara intención de lograr el mejor texto legislativo posible. Pero el ministro ha decidido justo lo contrario. El proyecto de ley fue aprobado a toda prisa en la Comisión de Justicia del Congreso, a la que de buenas a primeras se concedió capacidad legislativa plena, sin pasar por el pleno, y se encuentra ya en el Senado. En pocas semanas entrará en vigor. La nueva ley, una ley que afecta al importantísimo derecho de los ciudadanos a pedir justicia y a combatir las decisiones incorrectas de las administraciones, ha sido aprobada en una sala semivacía del Congreso porque los diputados de todos los grupos de oposición se marcharon de sus escaños, expresando así su enojo por lo que consideran el desprecio a los usos parlamentarios.

¿Se pueden aprobar leyes de tal calado sin sosiego, sin calma, sin debate? Si de lo que se trata, según el ministerio, no es de recaudar más impuestos, sino de hacer frente al problema de un exceso de litigiosidad, es decir, de un recurso excesivo a los tribunales, salta a la vista que es un tema muy delicado y que es importante lograr un equilibrio que permita atacar ese problema sin perjudicar un derecho fundamental y sin crear, por activa o por pasiva, la impresión de que existe una justicia a la que solo tienen acceso los ricos y poderosos. Ya están suficientemente deterioradas las instituciones en este país, como para que la arrogancia de un ministro apresurado sume una nueva sospecha.

Pero así va a ser, porque Ruiz-Gallardón no ha dado su brazo a torcer y ha preferido la velocidad a cualquier otro argumento. La nueva ley de tasas judiciales nace, no bajo la desconfianza de los ciudadanos de a pie, sino bajo la clara consideración de norma abusiva por parte de muchos de quienes la tienen que aplicar. “Esta ley es uno de los recortes de los derechos ciudadanos más graves de la democracia”, clamó, por ejemplo, el presidente del Consejo de la Abogacía Gallega.

¿Realmente cree el ministro que merece la pena imponer así su criterio? ¿Cómo cree que van a reaccionar los ciudadanos al saber que se imponen tasas judiciales, por primera vez, en la jurisdicción social, de manera que recurrir un despido puede costar ahora más de 500 euros y que ese medidas se le han ocurrido al Gobierno justo en el momento en que hay más personas que nunca, centenares de miles, expulsadas de sus trabajos? ¿Y que entre los eximidos de pagar las nuevas tasas están los deudores, es de suponer que los bancos o entidades financieras que reclamen préstamos o créditos no abonados?

El ministro asegura que el sistema judicial está colapsado y que en España existe un índice de litigiosidad superior a la media europea. Es cierto. Y seguramente hay que reformar el sistema para aliviar ese problema. La cuestión es cómo. ¿De la forma brutal que propone la ley? ¿O de la que defienden desde hace tiempo expertos de medio mundo para quienes los incrementos de tasas tienen que tener en cuenta que no son lo mismo los ciudadanos de a pie que reclaman, equivocadamente o no, su derecho a la justicia, que las grandes empresas, que son realmente las principales usuarias del sistema judicial? El informe elaborado por el CGPJ (e ignorado por el ministro) explica que el primer objetivo de la nueva ley de tasas es claramente “reforzar la financiación de la justicia” y, solo de manera secundaria, reducir la litigiosidad. Para eso lo que hay que establecer es un sistema de solución extrajudicial de conflictos, con procedimientos como la conciliación o la transacción. Pero de eso no se habla en la ley.