Es urgente abolir la pena de muerte

El 10 de octubre es un día especial en el calendario de los derechos humanos. Es el día mundial contra la pena de muerte, una oportunidad para llamar la atención sobre la pena capital, la negación más extrema de los derechos humanos.

Este año, tanto en España como en otros lugares, se celebrará el día sabiendo que la campaña planetaria por un mundo libre de la pena de muerte continúa cobrando fuerza. De hecho, este año el Día Mundial se centra en la consideración de la firme tendencia general hacia la abolición y los importantes avances logrados en la última década. La buena noticia es que más de dos terceras partes de los Estados de todas las regiones y culturas rechazan ahora la pena de muerte. La gran mayoría de los países ha reconocido que la ejecución en manos del Estado, con su crueldad inherente, su ineficacia para disuadir la delincuencia y el riesgo siempre presente de quitar la vida a una persona inocente, no tiene justificación en los sistemas de justicia.

Este progreso ha conducido a que la Asamblea General de Naciones Unidas adopte varias resoluciones pidiendo a los Estados que aún retienen la pena de muerte que establezcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a su abolición total. El organismo internacional lo ha hecho así porque, por desgracia, un pequeño grupo de países —algunos de ellos muy grandes— continúa ejecutando a sus ciudadanos.

Asia ha sido testigo del mayor número de ejecuciones, con China a la cabeza, con mucha diferencia. Pero incluso en este caso, empiezan a observarse signos positivos. Durante la última década, el Gobierno chino ha iniciado una reforma en la penalización de los crímenes capitales, y está poniendo en práctica controles estrictos sobre la aplicación de la pena de muerte. Se espera que estas reformas se traduzcan en un significativo descenso del número de ejecuciones. A pesar de algunos retrocesos —como por ejemplo la reanudación de las ejecuciones en Gambia después de 31 años, y el preocupante ascenso del número de ejecuciones en Irán e Irak— se va fortaleciendo a escala global la firme decisión de un mundo libre de ejecuciones. Más de 140 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica y las tendencias, como antes indicaba, son muy halagüeñas.

Más de dos terceras partes de los Estados de todas las regiones y culturas la rechazan

En Estados Unidos —¡qué mal ejemplo!— todavía se aplica la pena capital en 34 de los 51 Estados. En los últimos dos años, cinco Estados —Nueva York, New Hampshire, Nuevo México, Illinois y Connecticut— han pasado a ser abolicionistas. En unas pocas semanas, el 6 de noviembre, los votantes en el influyente Estado de California tendrán la oportunidad de derogar las leyes vigentes sobre la pena de muerte. Un voto positivo podría tener una gran repercusión más allá del propio Estado, desencadenando un notorio “efecto dominó” para que otros Estados de EE UU reemplacen la pena capital por cadena perpetua. La actitud de EE UU incidiría incluso en países como Japón para que reconsideraran el uso de la pena capital.

En este contexto, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fundada por el Gobierno español en el año 2010, entidad independiente constituida por personas de gran prestigio internacional, está organizando dos importantes actos en Madrid para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, hoy, 10 de octubre. El primero es una mesa redonda en la que miembros de la Comisión, junto con expertos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especialmente interesadas en la abolición de la pena de muerte, van a revisar la evolución mundial e identificar los retos políticos y legales que plantean, así como las oportunidades que deben explorarse en los próximos cinco años.

En segundo lugar, ayer, 9 de octubre la ciudad de Madrid fue sede de un gran encuentro abierto al público en la sala Azcona, en el Matadero. Las organizaciones asistentes presentaron la situación actual de la pena de muerte subrayando la tendencia progresivamente consolidada hacia una moratoria universal y la importante colaboración de diversas asociaciones e instituciones para erradicar la pena de muerte. La participación de organizaciones no gubernamentales españolas que vienen trabajando ejemplarmente en favor de la abolición fue especialmente relevante.

En efecto, España debe sentirse orgullosa de su papel inspirador y de liderazgo en la lucha mundial contra las ejecuciones y pondrá de manifiesto este incuestionable legado cuando el próximo año Madrid acoja el V Congreso contra la Pena de Muerte —un importantísimo acontecimiento que convocará a las principales organizaciones del mundo interesadas en la erradicación de la pena capital—.

Son muchos los desafíos en el camino para conseguir un mundo libre de la pena de muerte. Pero cuantas más naciones consideren que la pena de muerte conculca los derechos humanos y no disminuye la criminalidad, el número de países retencionistas se reducirá todavía más. Con coraje y liderazgo, las autoridades de esos países pueden y deben dar un paso firme hacia la nueva era que se avecina, de respeto generalizado de los derechos humanos y de los principios democráticos, suspendiendo de forma inmediata todas las ejecuciones, un primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte.

Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.