Oportunidad perdida

El mercado energético en España, en particular el eléctrico, necesita con urgencia una reforma en profundidad con el propósito de reducir los costes de la energía por unidad de producto en el conjunto de la economía española. Esa reforma, que viene reclamándose públicamente al menos desde principios de 2004, cuando se advirtieron las nefastas consecuencias del mecanismo de fijación de la tarifa eléctrica puesto en marcha por la administración del PP, se ha convertido casi en cuestión de supervivencia del sistema debido a la amenaza que representa el llamado déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos que proporciona la tarifa eléctrica aprobada por el Gobierno y los derechos reconocidos hacia las empresas por el mal llamado mercado de electricidad), calculado a diciembre de 2011 en 24.000 millones y que, debido a la incapacidad del regulador para gestionar el mercado y la caída de la demanda eléctrica, difícilmente bajará de los 28.000 millones en 2012. Es una deuda teórica de los consumidores hacia las empresas que contamina la estabilidad de la financiación pública y privada en España en un momento especialmente delicado para la estabilidad del Tesoro español y cuando las empresas eléctricas acumulan endeudamiento en torno a los 70.000 millones, difícilmente explicable en varios casos, que amenaza su situación financiera a medio plazo.

El Gobierno, de la mano del ministro de Industria, presentó el pasado 14 de septiembre un plan, considerado abusivamente como Reforma Energética, consistente en elevar la imposición fiscal en el mercado energético con el fin de mitigar el déficit de tarifa y con el propósito evidente de convencer a la opinión pública de que las empresas eléctricas también pagarán una parte del déficit. La relación de subidas de impuestos, mal escalonada y peor explicada por el Gobierno, incluye un gravamen del 6% sobre la venta de energía, sea cual sea su procedencia, impuestos a la generación de residuos nucleares, un canon especial a la energía hidroeléctrica e impuestos especiales al gas, el fuel y el carbón bajo la definición poco precisa, pero llamativa, de céntimo verde. La eficacia de estas decisiones en términos económicos es decepcionante. La recaudación conseguida mediante los parches fiscales es notoriamente insuficiente para corregir el déficit de tarifa anual. Y después, porque esta batería de recargos no corrige el origen del problema, que es un sistema inadecuado de calcular los costes reconocidos, con lo cual el déficit puede reproducirse sin control durante los próximos años.

El propósito de convencer a los consumidores de que las empresas también pagan el déficit también hace aguas. Casi todos los impuestos y cánones presentados como si fueran exacciones dolorosas a las compañías se trasladarán inevitablemente al precio final de la electricidad, de forma que el cliente acabará pagando en todo o en su mayor parte el déficit de tarifa o la cuota que pueda enjugarse con este parcheo fiscal.

Está pendiente una reforma energética de verdad que abarate el coste de la energía para el conjunto del sistema productivo y acabe de una vez para siempre con el mecanismo de generación y multiplicación del déficit de tarifa. Ese cambio no llegará mientras no se modifique la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, que es el origen de la distorsión.