Derechos cuestionados

Hay derechos de los que disfrutaban los ciudadanos que parecían absolutamente consolidados y que, ahora mismo, están siendo cuestionados. El argumento principal que se utiliza para cuestionar, reducir o suprimir estos derechos es que su desarrollo, gestión y puesta en práctica por el Estado no es rentable. Se intenta convencer a la ciudadanía, de que la rentabilidad prima sobre los servicios que el Estado tiene la obligación de ofrecer.

La sanidad, la educación, el transporte y las pensiones no pueden valorarse y ser mejor o peor en función de su rentabilidad. Son servicios básicos que los ciudadanos han consolidado con su esfuerzo y que el Estado tiene la obligación de promover, mejorar y , si es preciso, subvencionar. Busquen la racionalización, marquen prioridades, conserven lo bueno y, sobre todo no bajen las prestaciones ni la calidad.

Recortes y supresión de derechos y ayudas los puede hacer cualquier economista, pero lo que se espera de un Gobierno es que haga Política. Con mayúscula.— Alberto Fernández.