Errores de cálculo

El Ministerio de Industria está orientando la política energética en una única dirección: aumentar la tarifa eléctrica, gestionar recortes moderados en los costes reconocidos a las empresas eléctricas y aplicar una moratoria en algunos proyectos de energías renovables, que están subvencionadas con primas públicas sustanciosas. El objetivo marcado es reducir el déficit de tarifa, la diferencia entre los derechos reconocidos de cobro a las compañías y lo ingresado por las ventas de electricidad, que asciende a unos 24.000 millones y que probablemente superará los 28.000 millones a final de año. Este déficit es peligroso para la estabilidad financiera española, porque una parte está titulizado y, en todo caso, los inversores pueden descubrir en cualquier momento que puede sumarse a la deuda pública española.

El problema es que esta política de subidas compulsivas de tarifa (casi un 70% en seis años), recortes parciales de derechos a las empresas y moratorias limitadas de renovables no funciona. El déficit sigue creciendo a pesar de que el precio está entre los más elevados de Europa. La política de Soria no funciona porque la subida de la luz tiene que acompañarse de una reforma del sistema de cálculo de tarifas, ya que el actual, basado en un simulacro de mercado fácilmente manipulable y unos precios marginales que no descuentan la amortización de la producción nuclear e hidráulica, acumula los derechos reconocidos de las empresas siempre por encima de la capacidad de aumento de los ingresos. El hundimiento de la demanda de electricidad agrava las insuficiencias.

Si el gobierno quiere reducir el déficit actual, tiene que enfrentarse a una reducción drástica de las primas a las energías renovables; imponer algún tipo de tasa o recargo a las compañías a cuenta de los beneficios obtenidos en nuclear e hidráulica e intentar repartir el ajuste del déficit en varios años. Además de subir la luz, claro.

El Ministerio de Industria anuncia insistentemente una reforma energética que no acaba de llegar. El retraso se debe, entre otras cosas, a su debilidad para actuar como un auténtico regulador frente a la presión de las empresas y a su incapacidad política para competir con otros ministerios, como el de Hacienda. Sería de gran ayuda para Soria que una parte de la recaudación del céntimo verde se destine a enjugar el déficit de tarifa; pero es dudoso que el ministro Montoro lo permita.