Opacidad sobre Bankia

El Congreso de los Diputados tomó ayer dos decisiones equivocadas: bloqueó la posibilidad de que se cree una comisión de investigación para el caso Bankia y rechazó la comparecencia solicitada por el gobernador del Banco de España para explicarse, reduciéndola, en todo caso, a una subcomisión que habría de celebrarse a puerta cerrada en fecha indeterminada. Ambas decisiones fueron fruto de la mayoría popular en la mesa de la Cámara, aunque tampoco el PSOE dio un decidido paso adelante respecto a la comisión investigadora.

La renuncia de Fernández Ordóñez confirma a los socialistas en sus sospechas de que una investigación manejada por la mayoría popular ofrecería pocas garantías. Hay una tradición de problemas detrás de las comisiones de investigación parlamentaria. El PP puede temer las salpicaduras de una crisis bancaria donde han operado personajes muy caracterizados de este partido. A su vez, el PSOE se queda en el medio camino de solicitar comparecencias del gobernador del Banco de España y del presidente y expresidentes de Bankia y de sus entidades originarias, aunque no descarta pedir luego la comisión de investigación.

Sin embargo, un factor claro de desconfianza exterior hacia España se debe precisamente a la incertidumbre y opacidad de que hace gala un país que un día valora el déficit de 2011 en un 6% y meses más tarde corrige la cifra casi al 9%; un día informa de que el cuarto grupo bancario español gana dinero, y semanas más tarde, tras una atropellada nacionalización, confiesa haber perdido miles de millones; y que pretende hacer compatible todo eso con sonreír beatíficamente al saber que un exdirectivo de Bankia, procedente de Bancaja, se va a llevar 14 millones de indemnización en una caja que se ha quedado prácticamente sin patrimonio. Un país serio debe ser capaz de mirar de frente sus problemas. Lo hizo el Congreso de EE UU respecto a la crisis financiera de 2008: se buscaron explicaciones, se dieron y el resultado fue un informe exhaustivo y la mayor resolución a la hora de buscar salidas. El Parlamento español debería valorar ese camino para evitar que la crisis institucional sea el corolario del seísmo financiero y económico en que nos encontramos.

Tan clara es la necesidad de proporcionar explicaciones detalladas que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha adelantado en un mes su partida tras comprobar que el PP quería evitar la comparecencia a puerta abierta ante el Congreso que había solicitado. El Parlamento tiene el derecho y también la obligación de conocer si el responsable del Banco de España contaba con argumentos sobre la estrategia de fusiones y salidas a Bolsa, o si se equivocó en su gestión. En todo caso, un mero cambio de gobernador no devolverá como por ensalmo al Banco de España el prestigio cuestionado. No se trata de buscar un arreglo de cuentas entre viejos lobos de la política, decididos a lavar los trapos sucios entre altos cargos, como a veces pretenden presentarlo quienes se oponen a las comisiones, sino que está en juego la confianza en los órganos reguladores.

Una investigación parlamentaria no es un asunto que solo deba defender una formación minoritaria y arriesgada como IU. El Parlamento es la primera institución que debería tomar cartas en esta crisis, puesto que es el órgano elegido directamente por la ciudadanía y no una mera correa de transmisión de órdenes gubernamentales. Y eso exige el compromiso de las corrientes centrales de la política. Si se trata de cargarles a los españoles el coste de cubrir los "desfases" del grupo BFA-Bankia, no se les puede pedir que además lo hagan a ojos cerrados.