La violencia, la policía y las escuelas (1)

La delincuencia y la violencia constituyen el principal problema nacional para gran parte de los latinoamericanos. Así lo evidencia una nueva encuesta de Latinobarómetro, cuyos resultados fueron presentados esta semana en Lima.

Aunque sabemos que la opinión de las personas no necesariamente se corresponde con la realidad de las cosas, los motivos que explican esta percepción parecen ser bastante contundentes. En efecto, Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Según datos de las Naciones Unidas, posee la más alta tasa de homicidios del planeta: de los 20 países con más asesinatos, 12 son latinoamericanos o caribeños. Una realidad que suele esconder evidencias aún más dramáticas. Las tasas de homicidio juvenil son, en América Latina y el Caribe, superiores al doble que las existentes en el continente africano, 15 veces más altas que las registradas en Asia y 30 veces más altas que las europeas.

De los 18 países encuestados por Latinobarómetro, Brasil es uno de los pocos que no considera la violencia su principal problema nacional, sino la salud pública. Entre tanto, 52% de los brasileños encuestados dice vivir en un país cada vez más inseguro y 84% sostiene que la delincuencia ha aumentado durante los últimos años. La sensación de inseguridad de la población brasileña es una de las más altas de la región.

La combinación de una realidad marcada por la violencia y la percepción de que la seguridad ciudadana es altamente precaria y vulnerable, explica que ningún político latinoamericano desprecie el tema. En Brasil, como en todo los países del continente, hacer de la lucha contra la violencia una promesa electoral o una prioridad de la acción gubernamental, constituyen prácticas tan recurrentes como la permanencia del país en las primeras posiciones de los ranking de homicidios e inseguridad.

Algo parece andar mal.

Si la gente se da cuenta que la violencia es un problema cotidiano, también suele darse cuenta que las políticas que tratan de controlarla son ineficaces o limitadas para garantizar su seguridad y protección. Que la sexta potencia mundial ostente, según datos oficiales, 1.091.125 asesinatos entre 1980 y 2010 constituye un enorme problema en materia de derechos humanos y un inmenso desafío para el desarrollo de una política de seguridad pública democrática. Especialmente, si se considera que la tasa de homicidios ha crecido de forma sistemática desde 1980, cuando alcanzaba los 11,7 asesinatos cada 100 mil habitantes, llegando a 26,2 en el 2010.

El Mapa de la Violencia en Brasil, elaborado anualmente bajo la coordinación del investigador Julio Jacobo Waiselfisz, nos ayuda poner en perspectiva comparada esta realidad aterradora. Utilizando como referencia datos aportados por las Naciones Unidas, dicho estudio muestra que, entre el año 2004 y el 2007, 208.349 personas murieron en los 62 conflictos armados existentes en el mundo. Durante el mismo período, fueron asesinadas en Brasil, 192.804, una cifra bastante semejante a la primera y superior a la que sumaron los muertos en los 12 conflictos armados más importantes del planeta en esos cuatro años: 169.574. Entre 1947 y el año 2000 murieron como consecuencia del conflicto entre Israel y Palestina cerca de 125.000 seres humanos. Esto significa que, cada 10 años, perdieron la vida en dicho enfrentamiento 23.580 personas, menos de la mitad de las que son asesinadas cada año en Brasil. En una década han muerto en el conflicto entre Israel y Palestina la misma cantidad de jóvenes que mueren asesinados en Brasil en 16 meses. Así mismo, los muertos en la Guerra de Irak entre 2004 y 2007 constituyen el 40% de los que han muerto como producto de la violencia homicida en Brasil durante ese mismo período.

Sin lugar a dudas, los brasileños tiene motivos para estar preocupados.

Aunque las políticas gubernamentales han tenido un efecto muy limitado en contener la violencia, algunos buenos ejemplos se destacan en el campo de la seguridad pública nacional. El gobierno del Estado de Río de Janeiro, por ejemplo, ha implementado durante los últimos años una significativa política de control del tráfico de drogas en las comunidades más pobres. La intervención gubernamental ha tenido muy buenos resultados en la disminución de la violencia en las favelas y en la percepción de seguridad por parte de sus habitantes y del conjunto de la población. La implementación de Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), iniciada en el año 2008, ha permitido combinar la intervención policial con iniciativas diversificadas de política social y comunitaria, con efectos muy positivos en el control y el desplazamiento del tráfico de drogas y de las milicias que comandaban los barrios más pobres de la capital estatal. Aunque hay muchos aspectos que aún deben ajustarse en esta innovadora política de seguridad pública, se trata de un gran avance en el ejercicio de una acción gubernamental responsable y comprometida con la protección de los ciudadanos.

Resulta interesante observar que una de las razones que explican los progresos en Río de Janeiro ha sido la articulación entre los órganos de seguridad pública y la Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos del gobierno estatal, cuyos programas han ganado relevancia nacional e internacional al poner en evidencia que la contención del delito y la violencia son siempre desafíos que exceden la represión y la intervención policial.

Por este motivo, sorprende sobremanera que sea en Río de Janeiro donde se haya comenzado a implementar un amplio programa de seguridad en las escuelas cuyos resultados prometen ser bastante menos eficaces que su impacto mediático. Las medida prevé la presencia de policías en el interior de los centros educativos y su entorno. El objetivo es proteger a alumnos y profesores, el patrimonio escolar, prevenir el consumo de drogas y el alistamiento de jóvenes y niños por parte de traficantes, el bullying y las peleas, así como los hurtos o robos. La medida aspira a llevar tranquilidad a la población y responder a una demanda de seguridad, especialmente, entre las familias más pobres.

El plan de acción se ha iniciado con 400 policías actuando en 90 centros escolares, beneficiando a más de 115.000 alumnos y 6.200 profesores. Además, permitirá que los agentes involucrados en la seguridad de las escuelas reciban un complemento salarial que los aleje de trabajos alternativos a la función policial. La Policía del Estado de Río de Janeiro suele trabajar 24 horas y pasar 48 de franco, período que los agentes aprovechan para realizar tareas que les permiten complementar sus ingresos, como servicios en empresas de seguridad privadas. Con el nuevo programa, los agentes recibirán un pago extra que oscilará entre € 78 y € 59, según la jerarquía, por ocho horas de guardia dentro de las escuelas.

La medida puede parecer, a primera vista, apropiada. La escuela es uno de los lugares que más se ve afectado por la violencia existente en la sociedad. Al mismo tiempo, suena mejor que los policías se ganen la vida en aquello que deberían hacer y se mantengan alejados de empleos eventuales o de tentaciones concupiscentes.

El problema, sin embargo, es bastante más complejo.

(Continúa...)