¿Qué modelo de Estado?

El balance, el papel y el futuro de las Comunidades Autónomas (CC AA) están hoy a debate. La cuestión de fondo es ¿por qué modelo de Estado optamos? Desde hace unos meses determinados sectores han lanzado una ofensiva contra las CC AA, es decir, contra la actual configuración del Estado de las Autonomías. La expresión más pintoresca han sido las declaraciones de Esperanza Aguirre planteando la devolución de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia para ahorrar 48.000 millones de euros al erario público. No sé cómo lo calcula, pero creo que ella tampoco lo sabe.

El pistoletazo de salida lo dio la FAES en 2010 con el estudio Por un Estado autonómico racional y viable. Simultáneamente una nutrida representación de conocidos financieros y líderes empresariales bajo el paraguas de la Fundación EVERIS hizo entrega al Rey (¡sí, sí, al Rey!), de forma inusual y sorprendente, el documento Propuesta Transforma España en el que se plantea la necesidad, entre otras cuestiones, de reordenar el modelo de Estado. Desde entonces la impugnación del papel de las CCAA ha ido en aumento.

La crisis económica ha proporcionado nueva —y falsa—munición a estos sectores. Se empieza diciendo que las CC AA tienen la responsabilidad del incumplimiento del objetivo de déficit y del volumen de la deuda pública para acabar afirmando que despilfarran y en consecuencia concluyen que se trata de “racionalizar”, de volver atrás, porque se ha ido demasiado lejos en el grado de descentralización.

Vayamos por partes, el Estado de las Autonomías ha facilitado un periodo de desarrollo social, económico y cultural indiscutible. Complejo, insuficiente, inacabado. Cierto. Pero de balance positivo incuestionable.

La descentralización  ha comportado una convergencia en términos de bienestar

Tuve la oportunidad de asistir, con el entonces presidente de la Generalitat José Montilla, a la Conferencia de presidentes de CC AA que convocó el anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La conclusión de la Conferencia fue que globalmente el desarrollo autonómico había sido un éxito. Voces de distinto color político pidieron seguir avanzando. Más autogobierno, mejor financiación. Nadie planteó retroceder.

Por otro lado, la descentralización producida ha comportado una convergencia en términos de bienestar como señala el estudio Autonomías y desigualdades en España (R. Gallego y J. Subirats) aunque la percepción de la ciudadanía no coincida siempre con esta realidad.

En estos momentos el ataque más profundo ha venido de las acusaciones —no fundamentadas— de irresponsabilidad fiscal y despilfarro de las CC AA y de ser responsables del incumplimiento del objetivo de déficit y del volumen de la deuda pública.

Veamos, el gasto público de las Administraciones Públicas (AA PP) se distribuye en 2010 y según Eurostat de la siguiente manera: 44%, la Administración Central (A. C.); 39%, las CC AA y 17%, la Administración Local (A L.) Pues bien, la distribución de la deuda entre las distintas administraciones es: del 77%, la A.C, muy por encima de su 44% de gasto, mientras que las CC AA son responsables del 39% de gasto público, pero tienen sólo el 17,5% de deuda pública.

Es necesario dar un salto cualitativo federal, aunque esa propuesta siga incomodando

Parecido análisis se puede hacer del déficit. El 8,5% de déficit de 2011 fue el resultado del 5,1% de la A.C., del 2,9% de las CC AA y del 0,4% de la A.L. Si la distribución del déficit entre las administraciones se hubiera hecho proporcional a su porcentaje de gasto, los objetivos del déficit hubieran sido: 3,74%, la A. C.; 3,31%, las CC AA; y 1,45% la A.L. Es decir, un reparto coherente con el porcentaje de gasto de cada administración nos dice que las CC AA cumplirían holgadamente con su objetivo de déficit mientras que la Administración Central lo incumpliría.

Las CC AA no cumplen los objetivos de déficit porque estos se han fijado arbitrariamente de forma que el margen para la A. C. está hinchado mientras se ha reducido el margen a las CC AA.

Vienen a cuento tantas cifras para demostrar la falsedad de las acusaciones que se lanzan, sin que esto signifique dejar de criticar determinadas actuaciones e inversiones, ni negar las posibles y necesarias mejoras de gestión y transparencia, ni pasar por alto los episodios de corrupción.

Piénsese, además, que a pesar que las partidas de Educación y Sanidad ascienden aproximadamente al 70% del presupuesto de cada Comunidad Autónoma en España se está gastando per cápita mucho menos que se gasta en la UE en los capítulos de Sanidad, Educación o Dependencia. Además, hay que tener en cuenta que las CCAA actúan como primeros y principales responsables de dar respuesta a los problemas sociales que la crisis plantea. No son el problema son parte de la solución.

En la pasada legislatura diversas CC AA aprobaron nuevos Estatutos de Autonomía. Se trataba, y se trata, de aumentar el autogobierno para resolver desde la proximidad los problemas y las aspiraciones de la gente. Hoy el desarrollo y aplicación de los mismos está bloqueado. No se sabe que política hará el gobierno. Ni Rajoy ni ninguno de los miembros de su gobierno han comparecido en el Senado (cámara de representación de las CC AA) para explicar cual es modelo de Estado que el gobierno propone. ¿Cómo piensa desarrollar los nuevos Estatutos? ¿Avanzar en un sentido federalizante? ¿Dejarlo todo igual? ¿Recentralizar? ¿Cómo y en qué sentido reformar el Senado? El tiempo que lleva el Gobierno supura progresiva y preocupante recentralización.

A mi entender es necesario un salto cualitativo federal. Sé que no es fácil, sobre todo porque la derecha piensa que un estado federal es un estado débil (cuando países como Alemania lo desmienten) y a menudo expresa nostalgia de un Estado unitario. Sé, también, que no es fácil porque a la izquierda estatal le incomoda esta cuestión, por eso sus silencios son clamorosos. Los retrocesos y los silencios deberían abandonarse y encaminarnos hacia un horizonte federal.

Joan Saura es presidente de ICV y senador.