Reafirmando el derecho a la educación

Acaba de realizarse en Quito, Ecuador, la VII Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), una de las más activas redes de organizaciones de la sociedad civil reunidas en la defensa de la educación pública y la promoción de los derechos humanos.

Del 10 al 13 de abril, 89 delegados y delegadas de 18 países de América Latina y el Caribe debatieron los principales temas de la agenda política y social regional asociados con la protección y ampliación del derecho a la educación.

La deliberaciones giraron en torno a la persistencia de políticas de privatización educativa en buena parte de los países de la región; la criminalización de los movimientos sociales y de las organizaciones que luchan por la defensa de la educación pública; la condenable acción represiva de las fuerzas militares y policiales contra las movilizaciones docentes y estudiantiles, de gran intensidad en algunas naciones del continente; y la defensa del derecho a la educación como un componente fundamental de los derechos humanos y de la construcción de un modelo de desarrollo basado en la más plena justicia social y ambiental.

Además de diversos documentos y acuerdos estratégicos, la Asamblea elaboró la Carta de Quito, en la que se sintetizan las demandas y las perspectivas de las organizaciones que componen la Campaña.

Por ello, afirmamos el derecho a la información y a la comunicación para todos y todas, garantizando la libertad de expresión ejercida por toda la ciudadanía, incluyendo a los niños y niñas más pequeñas. El derecho a la información plural, diversa, independiente, de interés público. La construcción y el fortalecimiento de sistemas de medios en los que el desarrollo de medios públicos, privados y comunitarios sea igualitario, garantizando así la pluralidad de voces y con ella, el fortalecimiento de nuestras democracias. Los medios de comunicación como espacios de defensa de los derechos humanos. En contra de toda forma de representación mediática discriminatoria, que viole la dignidad humana. 

(Carta de Quito, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 13 de abril de 2012)

La CLADE constituye una innovadora y poderosa articulación de organizaciones que actúan en la defensa del derecho a la educación y de la escuela pública. Sus acciones y estrategias de movilización están guiadas por cinco principios fundamentales: la afirmación de la educación pública y gratuita como un derecho humano fundamental de carácter colectivo y el reconocimiento del Estado como su principal garante institucional; la defensa de un enfoque integral, ciudadano y crítico de la educación, superador de las concepciones tecnocráticas o economicistas que reducen los seres humanos a la mera condición de capital y la acción educativa a la formación para el mercado de trabajo; la reivindicación por una permanente ampliación de los espacios de participación social en la esfera pública y, en particular, en el sistema escolar; la búsqueda de la calidad y la pertinencia en los programas y procesos educativos, más allá de los limitados marcos que ofrecen los sistemas internacionales de medición de la calidad basados en pruebas estandarizadas; y, el compromiso con la acción plural y colectiva de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la promoción y la ampliación del derecho a la educación y el acceso a una escuela de calidad sin discriminaciones ni exclusiones de ninguna naturaleza.

La Campaña posee numerosas alianzas estratégicas con otras entidades u organismos internacionales, como la Campaña Mundial por la Educación, el Consejo Asesor de las Metas Educativas 2021, la UNESCO y el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas. Además, dispone de numerosos foros y articulaciones nacionales en toda América Latina y el Caribe, lo que le aporta una gran capilaridad e incidencia en las luchas por la promoción y ampliación del derecho a la educación llevadas a cabo en el continente.

“En nuestros países, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de la educación como un derecho humano fundamental son dos luchas articuladas e indivisibles que guían el trabajo de la Campaña. Además del compromiso que tenemos con la defensa de la educación pública y de calidad, nos parece fundamental ampliar los mecanismos de participación y movilización de la sociedad en la defensa de sus derechos ciudadanos”, sostiene Camilla Croso, coordinadora general de CLADE.

Y agrega, “hay tres cuestiones que consideramos fundamentales. Por un lado, la lucha contra la discriminación, entendida no sólo como el derecho de acceso a la escuela sino también como el rechazo a las diversas formas de discriminación que operan al interior de los centros escolares. Los indígenas, los afrodescendientes, los migrantes o las mujeres, han ampliado sus oportunidades de acceso a la escuela, pero sufren graves discriminaciones al interior de la misma. Consideramos que la lucha contra la discriminación es siempre un tema incomodo, ya que debemos reconocernos como parte de sociedades que discriminan y excluyen. Por otro lado, uno de nuestros ejes de trabajo es la demanda por una ampliación del financiamiento público en la educación y la necesidad de cuestionar modelos de desarrollo basados en la injusticia social, con regímenes tributarios regresivos y que comprometen la garantía efectiva del derecho humano a una escolaridad de calidad para todos. En este mismo sentido, nos preocupa profundamente que ciertas dinámicas de privatización de la educación continúan siendo implementadas en nuestra región. Crece y se amplía una tendencia a considerar la educación como un gran negocio, en un marco en el que se pretenden imponer concepciones tecnocráticas y empresariales acerca de cómo deben funcionar las escuelas y qué intereses deben orientar los procesos educativos. Finalmente, la Campaña trata de concentrarse en situaciones extremas de exclusión y abandono como es el caso de la primera infancia en América Latina y el Caribe. Desde nuestro punto de vista, en nuestros países, los niños y niñas más pequeños no son reconocidos como sujetos de derechos, particularmente, claro, lo niños y niñas más pobres. Al mismo tiempo, en el otro extremo, podemos también reconocer el abandono que sufren las personas adultas cuyo derecho a la educación ha sido negado, constituyendo una deuda social que se arrastra de manera vergonzosa y que los gobiernos parecen ignorar”.

Uno de los temas centrales en los que se concentrará el accionar de la Campaña durante los próximos meses es la denuncia de las diversas formas de criminalización de los movimientos y organizaciones sociales que luchan por el derecho a la educación. Un proceso en el que se complementan la acción represiva de las fuerzas militares y policiales, particularmente grave en países como Chile, Honduras y Colombia, con la sanción de leyes o normas jurídicas que encuadran la protesta social en el campo del delito y la criminalidad. A tal efecto, la CLADE prepara un pormenorizado informe que entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, alertando sobre los riesgos y las amenazas que enfrentan hoy numerosos actividades y organizaciones que luchan por el derecho inalienable a una educación de calidad para todos.

La Asamblea de Quito fue una oportunidad invalorable para consolidar el excelente trabajo realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, reafirmando el desafío y el compromiso de las organizaciones que la componen en la lucha por la construcción de sociedades más solidarias, justas y democráticas.

Una educación pertinente, relevante, transformadora, crítica, debe tener como fin máximo la promoción de la dignidad humana y la justicia social y ambiental. La educación, derecho humano promotor de los demás derechos, debe asumir a niños, niñas, jóvenes y personas adultas como sujetos del derecho, promover la interculturalidad, la igualdad, la equidad de género, el nexo entre ciudadanía y democracia, el cuidado y relación armónica con la naturaleza, la eliminación de toda forma de discriminación, la promoción de la justicia y la construcción de una cultura de paz y de resolución no violenta de los conflictos.

(Desde Quito)