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Coordinado por Gonzalo Fanjul y Patricia Páez

Juicio a activistas por defender los Derechos Humanos en España

Gonzalo Fanjul

Pintada en el CIE de la Zona Franca de Barcelona que dice: "Guantánamo está aquí, en la Zona Franca". /TEJEDERAS

A mediodía de hoy, en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, cuatro personas comparecerán ante el juez acusadas de "faltar al respeto y consideración debida o desobedecer levemente a la autoridad” (art. 634 Cod. Penal). El delito de los activistas -que pertenecen a una organización conocida como Brigadas Vecinales de Observación- fue calificar de "racista" una operación policial contra la inmigración irregular que tuvo lugar a la salida del Metro el pasado mes de noviembre. En caso de ser condenados, los acusados tendrán que pagar una multa de entre 10 y 60 días.

La identificación policial de extranjeros por motivos raciales se ha convertido en una verdadera sombra de nuestro Estado de Derecho. Organizados en aparatosas redadas de varios vehículos o en simples parejas de agentes de paisano, las policías Nacional y Municipal realizan cada año decenas de miles de controles contra la inmigración irregular. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, solo en el año 2009 y en la ciudad de Madrid se hicieron 445.000 identificaciones. Desde las estaciones de metro a las plazas de los barrios periféricos, las redadas se producen en cualquier espacio público y a cualquier hora del día.

Brigadas Vecinales, Amnistía Internacional y otras ONG han documentado extensamente el carácter discriminatorio de estas operaciones, que se concentran en aquellas personas cuya piel o rasgos les da una apariencia de extranjeros. Las identificaciones de africanos, latinoamericanos o asiáticos multiplican las que se realizan a europeos extracomunitarios de raza blanca. La indignidad llega hasta los centros de atención social a los que acuden los inmigrantes más pobres. Yo mismo he sido testigo de dos redadas en el comedor social que se encuentra en la Plaza del 2 de Mayo de Madrid, precisamente a las horas en las que las familias hacen cola para recoger la comida que se prepara en la parroquia.

Aunque los datos muestran que solo una pequeña parte de las personas identificadas y detenidas acaba siendo expulsada (un 6% de las órdenes de expulsión dictadas en 2010, por ejemplo), las consecuencias para centenares de miles de nuestros vecinos son sencillamente devastadoras. Las tareas más cotidianas, como llevar a los hijos a la escuela, se convierten en situaciones de riesgo para muchos extranjeros. Los inmigrantes irregulares evitan las plazas, las actividades sociales o la mera asistencia a un ambulatorio. No es difícil imaginar la ansiedad que esto supone para miles de personas decentes con las que nos cruzamos cada día en la calle o en el metro.

Los sindicatos policiales han argumentado en más de una ocasión que a muchos agentes este trabajo les repugna tanto como a la mayoría de la opinión pública. No tenemos ninguna razón para no creerles. De hecho, las redadas raciales, como los Centros de Internamiento de Extranjeros, constituyen la consecuencia lógica de un sistema. La radioactividad electoral del debate migratorio (mucho más en tiempos de crisis) lleva a los políticos irresponsables a actuar de cara a la galería, aunque ellos y sus votantes tengan la certeza de que este sistema es tan injusto como ineficaz. Al fin y al cabo, las redadas y los cupos de detenciones por comisaría es el modo enfermizo de probar la 'firmeza' frente a la inmigración.

Al menos en esta indignidad no hay grandes diferencias ideológicas: el PP no hace más que confirmar una política que fue diseñada y extendida por el PSOE cuando Rubalcaba era ministro. Oir hablar ahora al Secretario General socialista de derechos y políticas progresistas es como ver al Sheriff de Nottingham en una mesa petitoria de la Cruz Roja.

En este contexto, el coraje de Brigadas Vecinales y de los activistas que hoy se verán ante el juez demuestra una cosa por encima de cualquier otra: no podemos decir que ignoramos lo que está ocurriendo. Las leyes pueden ser injustas y los políticos inmorales, pero solo de nosotros depende evitar que todo esto derive en una sociedad cobarde y envilecida. No necesitamos más que escoger el lado de los testigos. Si quieren hacerlo, pueden apoyar la exculpación de los activistas de Brigadas en esta campaña online.

Comentarios

Hola Gonzalo, Gracias por sacar este tema a debate. Es preocupante que defensores de Derechos Humanos sean juzgados por observar una actuación policial, algo que se hace en muchos países y que en muchos casos es defendido por la comunidad internacional, por ejemplo, cuando hay elecciones en países en conflicto o en transición democrático. En ese tipo de casos es habitual que haya organizaciones que observen si se respetan las leyes, una función que es característica de las ONG a pesar de que en España no se ejerza todo lo que se podría. Es dramático que los que se animan a hacerlo sean denunciados por ello. Respecto al tema de la identificación de personas en la vía pública es igualmente preocupante que nuestro Tribunal Constitucional sentenciase que son legales en el conocido caso de Rosalind Williams, sentencia que fue recurrida al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dio la razón a la Sra. Wiliams y condenó a España a modificar su política de identificaciones en la vía pública para evitar las identificaciones con perfil racial. Hasta ahora ha habido algún avance en algunos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como la Policía Local de Fuenlabrada que tiene un protocolo que obliga a entregar al identificado un boletín que explica las razones por las que se ha sido identificado y qué hacer si no se está de acuerdo. Desde que esto se ha puesto en marcha, se han reducido un 50% las identificaciones y ha aumentado el número de detenciones de personas que habían cometido un delito (no una infracción administrativa). Está demostrado que protocolizando este tipo de actuaciones policiales se gana eficiacia, entonces, ¿por qué no se extiende esta práctica a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad?
Casi me parece una noticia de la década del 40 en pleno franquismo. Bueno, no es extraño considerando la vil condena al Juez Baltasar Garzón.
En ESPAÑA sólo interesa defender los derechos de los BANCOS.Si estás jo***o así te quedarás por siempre.Importa la BOLSA no la VIDA.
Hola Gonzalo, Gracias por sacar este tema a debate. Es preocupante que defensores de Derechos Humanos sean juzgados por observar una actuación policial, algo que se hace en muchos países y que en muchos casos es defendido por la comunidad internacional, por ejemplo, cuando hay elecciones en países en conflicto o en transición democrático. En ese tipo de casos es habitual que haya organizaciones que observen si se respetan las leyes, una función que es característica de las ONG a pesar de que en España no se ejerza todo lo que se podría. Es dramático que los que se animan a hacerlo sean denunciados por ello. Respecto al tema de la identificación de personas en la vía pública es igualmente preocupante que nuestro Tribunal Constitucional sentenciase que son legales en el conocido caso de Rosalind Williams, sentencia que fue recurrida al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dio la razón a la Sra. Wiliams y condenó a España a modificar su política de identificaciones en la vía pública para evitar las identificaciones con perfil racial. Hasta ahora ha habido algún avance en algunos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como la Policía Local de Fuenlabrada que tiene un protocolo que obliga a entregar al identificado un boletín que explica las razones por las que se ha sido identificado y qué hacer si no se está de acuerdo. Desde que esto se ha puesto en marcha, se han reducido un 50% las identificaciones y ha aumentado el número de detenciones de personas que habían cometido un delito (no una infracción administrativa). Está demostrado que protocolizando este tipo de actuaciones policiales se gana eficiacia, entonces, ¿por qué no se extiende esta práctica a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad?
Casi me parece una noticia de la década del 40 en pleno franquismo. Bueno, no es extraño considerando la vil condena al Juez Baltasar Garzón.
En ESPAÑA sólo interesa defender los derechos de los BANCOS.Si estás jo***o así te quedarás por siempre.Importa la BOLSA no la VIDA.
Hola Gonzalo, Gracias por sacar este tema a debate. Es preocupante que defensores de Derechos Humanos sean juzgados por observar una actuación policial, algo que se hace en muchos países y que en muchos casos es defendido por la comunidad internacional, por ejemplo, cuando hay elecciones en países en conflicto o en transición democrático. En ese tipo de casos es habitual que haya organizaciones que observen si se respetan las leyes, una función que es característica de las ONG a pesar de que en España no se ejerza todo lo que se podría. Es dramático que los que se animan a hacerlo sean denunciados por ello. Respecto al tema de la identificación de personas en la vía pública es igualmente preocupante que nuestro Tribunal Constitucional sentenciase que son legales en el conocido caso de Rosalind Williams, sentencia que fue recurrida al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dio la razón a la Sra. Wiliams y condenó a España a modificar su política de identificaciones en la vía pública para evitar las identificaciones con perfil racial. Hasta ahora ha habido algún avance en algunos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como la Policía Local de Fuenlabrada que tiene un protocolo que obliga a entregar al identificado un boletín que explica las razones por las que se ha sido identificado y qué hacer si no se está de acuerdo. Desde que esto se ha puesto en marcha, se han reducido un 50% las identificaciones y ha aumentado el número de detenciones de personas que habían cometido un delito (no una infracción administrativa). Está demostrado que protocolizando este tipo de actuaciones policiales se gana eficiacia, entonces, ¿por qué no se extiende esta práctica a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad?
Casi me parece una noticia de la década del 40 en pleno franquismo. Bueno, no es extraño considerando la vil condena al Juez Baltasar Garzón.
En ESPAÑA sólo interesa defender los derechos de los BANCOS.Si estás jo***o así te quedarás por siempre.Importa la BOLSA no la VIDA.

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