Derechos no embargables
Es sorprendente que el centro en cuestión arrastrara una deuda de casi un millón de euros
La voluntad política —azuzada por la alarma social— mueve montañas. Una conversación entre la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha devuelto al colegio privado Santa Illa los pupitres, pizarras, ordenadores y potros de gimnasio de los que había sido privado un día antes, a causa de un embargo instado justamente por el departamento de Báñez. Se resuelve así, al menos hasta final de curso, la situación a la que se habían visto abocados 160 alumnos que de pronto vieron desalojado su colegio en medio de una jornada lectiva y a mitad de curso.
Es sorprendente que la empresa propietaria del centro en cuestión arrastrara una deuda de casi un millón de euros con la Seguridad Social, y que, según declaraciones del director del centro, funcionara sobre el supuesto de que la Seguridad Social no se iba a atrever a embargarle en un día de clase. La Administración no podía cruzarse de brazos ante un moroso, porque está obligada a defender el interés público. Y una vez instado el procedimiento de apremio, el juez al que se pidió autorización para irrumpir en el centro escolar tampoco podía negarse a tramitarlo.
Pero toda esa cadena burocrática actuó un tanto a ciegas respecto al bien más importante a proteger: el derecho de los alumnos. Por ejemplo, el juez, Miguel Ángel Gómez Lucas, consignó en su auto que la entrada debía efectuarse “entre las 9.00 y las 18.00 horas”, lo cual hacía difícilmente evitable el espectáculo del vaciamiento del colegio ante estudiantes y profesores. También se preocupó de garantizar que “la irrupción en esos lugares se produzca sin más limitaciones a los derechos fundamentales que aquellos que sean estrictamente necesarios”, y cabe preguntarse si el derecho a la educación (artículo 27 de la Constitución) no es de los más fundamentales.
Tampoco carece de interés la reacción de la Seguridad Social: tras el escándalo, ha encontrado una rápida solución. Nombra “depositaria de los bienes embargados” a la propiedad del colegio afectado, y por eso le devuelve pupitres y pizarras. Si se les hubiera ocurrido antes, no habría habido escándalo. Hay que aprender a manejar la educación con sumo cuidado.
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