América Latina: subsidios no, redistribución

Esta entrada ha sido escrita ELENA MORA(desde Perú) y LEONARDO MORENO (desde Chile).

Foto: alumnas de una escuela primaria en Quispicanchi (Perú). Copyright: Entreculturas.

Como ya es habitual, los presidentes de Chile y Perú hicieron balance de fin de año y proyectaron algunas metas para el 2012 que comienza. En ambos discursos, la pobreza y quienes la padecen fueron tema prioritario. Ambos presidentes predijeron una disminución importante en el número de personas que padecen este flagelo y prometieron trabajar por una mayor igualdad.

Según las mediciones de la CEPAL, el 31% de los peruanos vive en la pobreza. En Chile, es el 12%. Pero estas cifras miden únicamente el ingreso económico de la población, lo que representa un indicador limitado. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y su superación supone mucho más que el incremento de los mismos. En concreto, ambos países padecen altas tasas de desigualdad social (de acuerdo al índice de Gini -el indicador que mide la desigualdad de ingresos dentro de un país-, Chile tiene la desigualdad más alta de la OCDE, y Perú le sigue de cerca).

Para resolver el problema de la pobreza, estos dos países utilizan desde hace años los denominados 'programas de transferencias monetarias condicionadas' (TMC), como el Chile Solidario o el Juntos peruano. Estos programas transfieren dinero en efectivo a la población más pobre siempre que cumpla con alguna condición previa (por ejemplo, asistencia de los niños a la escuela o controles familiares de salud). La condicionalidad de las transferencias pretende generar el incentivo necesario para mantener la inversión en capital humano en los individuos y familias pobres, incluso en situaciones de crisis. Por ejemplo, ante una caída de los ingresos por la pérdida de un empleo, una familia pobre puede verse tentada de retirar a sus hijos de la escuela, lo que se evitaría momentáneamente gracias al apoyo de las TCM.

Sin embargo, a pesar de que estos programas han demostrado logros en situaciones de pobreza extrema (sobre todo cuando se centran en favorecer el acceso a servicios de salud y educación), a menudo derivan en dependencia y no incentivan la generación de ingresos autónomos, ni siquiera en períodos de crecimiento económico. Cuatro de cada cinco familias beneficiarias de Chile Solidario, por ejemplo, se quedan sin cumplir uno de los objetivos más importantes del programa: lograr que al menos uno de los integrantes del hogar termine trabajando regularmente y con una remuneración estable. Lo que es peor, los éxitos de personas y familias individuales no contribuyen a reducir en estos países las desigualdades inaceptables.

Por estas razones nos parece que no es pertinente plantear las TCM como fundamento de las políticas sociales. Chile y Perú requieren fomentar un crecimiento inclusivo y redistributivo que favorezca a las capas más pobres y permita que los hogares y las personas abandonen la pobreza de manera permanente. Existe, por ejemplo, un amplio margen para actuar sobre la carga fiscal, dotando de mayor importancia a impuestos directos que mejoren la redistribución de los ingresos. En ambos países (y en América Latina en general), el IVA es uno de los impuestos más relevantes, a pesar de sus claros efectos regresivos: la población pobre gasta la mayor parte de sus ingresos en su consumo diario, mientras que la población más rica ahorra. Sin embargo, el impuesto sobre la renta personal o de las sociedades tiene una importancia menor, debido a la alta informalidad en el empleo y también a los numerosos esquemas de deducciones y exenciones aplicados a las rentas más altas. Aunque España no sea ahora un ejemplo de equidad distributiva (la desigualdad se ha disparado en los últimos años), en el conjunto de Europa el índice de Gini mejora en promedio un 30% tras la aplicación de impuestos (un 24%, en el caso de los EEUU). En América Latina esta mejora es sólo marginal, e incluso en algún país, como Guatemala, la diferencia de ingreso empeora tras la aplicación de los impuestos.

Ojalá que la superación y disminución de la pobreza a la que se han referido los presidentes Humala y Piñera sea aquella que reconoce las causas que la provocan y se materialice en políticas integrales de educación, trabajo cualificado y salud, áreas del bienestar que son parte fundamental de un repertorio vital de oportunidades.