Un juez indaga si el ex alcalde de Benalmádena malversó fondos

La fiscalía de Málaga ha advertido indicios de presuntos delitos de malversación de caudales y de falsedad de documento público en la sociedad municipal del puerto deportivo de Benalmádena durante el mandado del ex alcalde Enrique Moya (PP), y de los que sería responsable también la concejal que era responsable de Puerto Marina, Carmen Romero, la edil tránsfuga de Movimiento por Benalmádena que en mayo de 2008 rompió el gobierno tripartito con PSOE e IU y dio el voto decisivo para la moción de censura que aupó al PP a la alcaldía. Un juez de Torremolinos ha abierto diligencias a instancias de la fiscalía, sin que de momento haya formulado imputaciones.

Los hechos se refieren al presunto trato favorable que la sociedad municipal del puerto dio a la discoteca kaleido, con la que en julio de 2009 firmó un contrato de cesión de una terraza de 120 metros cuadrados en la vía pública pese a que contaba con informe desfavorable de los técnicos municipales y que de hecho la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) desautorizó y mandó retirar en octubre de 2010. En ese tiempo, la discoteca no abonó el canon correspondiente, y generó una deuda de 66.746 euros.

Cuando hubo de retirar la terraza, el Ayuntamiento acordó compensar a la discoteca con 62.348 euros, importe en el que una empresa estimó el coste del montaje de la terraza, con lo que la discoteca sólo hubo de abonar 4.397 euros de lo que debía.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, conminó ayer al presidente, Elías Bendodo, a suspender temporalmente de sus puestos mientras se concluye la investigación judicial a Moya y Romero, contratados ahora como asesores taurino y de desarrollo, respectivamente.