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Camps pagó 15 millones a Calatrava por el diseño de unos rascacielos en Valencia

Las torres, que no se han construido, se desembolsaron con cheques bancarios

El Gobierno valenciano, que presidía el popular Francisco Camps, pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por proyectar tres rascacielos en Valencia que, probablemente, nunca se levantarán.

Así consta en el escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha decidido archivar la denuncia que presentaron en su día varios diputados autonómicos de Esquerra Unida (EU). Estos parlamentarios consideran que hubo un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato firmado entre la Generalitat y el arquitecto Santiago Calatrava para levantar tres torres junto al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El fiscal, en cambio, estima que "no existen indicios bastantes de criminalidad" para ningún tipo de infracción penal y archiva las diligencias abiertas.

La Fiscalía sí desvela lo que el Gobierno valenciano había ocultado hasta ahora. Es decir, que el Ejecutivo presidido por Francisco Camps abonó "mediante cheques nominativos" 15 millones de euros a Santiago Calatrava a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA. Hasta ahora, el Gobierno valenciano había dado a entender que, aunque el contrato del proyecto era de 15 millones de euros, solo se había desenbolsado un anticipo de 2,6 millones de euros.

El despacho de Santiago Calatrava se limitó a señalar ayer: "No vamos a hacer declaraciones al respecto". Según la relación de pagos relacionada por el fiscal, el 30 de septiembre de 2005, Calatrava recibió 2.6 millones de euros de anticipo. El 30 de agosto de 2006 se pagaron 137.000 euros por las maquetas y los planos de las torres. El 30 de marzo el abono fue de 6,2 millones por el segundo plazo de redacción del anteproyecto y el 28 de febrero de 2007 otros 6,2 millones correspondientes al tercer plazo.

El diputado de EU Ignacio Blanco exigió ayer responsabilidades políticas por el pago de 15 millones por un proyecto que se sabía "inviable".